Las fiestas de Navidad y año nuevo y un enero tradicionalmente más calmo por el receso laboral de vastos sectores de la población traerán algo de tranquilidad en la sociedad argentina, que tuvo brotes de exacerbación y violencia como hace muchos años no se veían.
Violencia que no tuvo un sector como protagonista exclusivo, sino a varios, algunos con representación institucional, lo que torna más grave aún el asunto.
Los energúmenos –algunos con militancia política partidaria y otros pertenecientes a sectores marginales siempre dispuestos a generar el caos- que rompieron la Plaza de los Dos Congresos con el propósito de obtener proyectiles para atacar a las fuerzas de seguridad (y también a periodistas que juzgan oficialistas), fueron en definitiva funcionales a una represión que se salió de cauce en más de una oportunidad, pues los policías no solo actuaron contra los salvajes que los atacaban sino también contra ciudadanos indefensos y –otra vez- contra periodistas que realizaban su labor profesional.
Pero si hubo violencia en la calle, también la hubo dentro del Congreso. En estos días impetuosos de diciembre los argentinos hemos visto a legisladores insultándose entre ellos, chicaneándose de un modo poco decoroso, arrojándose vasos de agua e, incluso, lanzando trompadas que por suerte –o impericia del agresor- no dieron en el blanco.
La impostura de nuestros representantes incluyó, asimismo, inadmisibles justificaciones de la violencia. Cierto sector de la oposición, respecto de la ejercida por los manifestantes descontrolados. Y los legisladores oficialistas y representantes del propio gobierno, respecto de uniformados que se excedieron largamente en la represión, agrediendo incluso a diputados.
Lamentablemente, las imágenes que reflejaron el caos fueron las que dominaron la escena. Las cámaras fotográficas y de televisión se quedaron con esos episodios y no alcanzaron a mostrar la envergadura de una movilización que ganó la calle legítimamente para protestar contra un proyecto que recorta los ingresos de sectores muy vulnerables, como son los jubilados y pensionados, los niños de la asignación universal y los discapacitados que cobran una pensión no contributiva, entre otros.
Esos cientos de miles de personas que no salieron a apedrear policías sino a ejercer el derecho de protesta, se tuvieron que replegar y apenas pudieron reaparecer varias horas después, para expresar su descontento con los tradicionales cacerolazos, que se hicieron oír en muchas ciudades de la Argentina.
Si no hay un cambio sustantivo en la actitud de la dirigencia política en lo que se refiere a los modos en que se debaten los proyectos estratégicos y se analiza la violencia explícita que se observa en el contexto de la protesta social, es muy probable que los episodios que hemos vivido en las últimas semanas se repitan, tal vez incluso con más virulencia.
Es a nuestros representantes a quienes debemos pedirles madurez, responsabilidad y cordura, porque son ellos los que deben emitir un mensaje claro de rechazo a los métodos políticos que priorizan la violencia por sobre el diálogo y la discusión.