No se recuerda en la historia reciente de Catamarca un hecho de estas características. Un senador, que además es segunda autoridad provincial por un hecho fortuito, decidió despedir a un grupo de empleados, que no son propios sino de la Cámara alta, en un ataque de resentimiento porque los responsabiliza directamente de su fallida reelección en la banca. Si bien en los decretos de desvinculación hace alusión a cuestiones presupuestarias, un motivo lógico pero absolutamente extraño en una Legislatura donde el gasto en personal bate récords en la provincia y jamás tuvo un ajuste, es evidente que la razón no es esa. Sencillamente porque sus víctimas son todas oriundas o vinculadas con el departamento que representa; formaban parte de lo que él imaginó como integrantes de un grupo “traidor” o desleal que le jugó en contra de sus pretensiones de renovar el mandato. Pero el mismo día que les comunicó la mala nueva se percató de que estaba cometiendo un exceso, que había actuado sin medir consecuencias, que se trataba solo de un momento de bronca y que necesitaba hacer catarsis de alguna forma. Y lo hizo de la peor manera: abusando de su poder efímero para dejar gente en la calle. Aunque aún siguen vigentes los decretos que firmó a las apuradas, es posible que dé marcha atrás en las próximas horas y así llevar tranquilidad a esas familias. Sería una forma de enmendar su dislate.
Se trata de Marcelo Cordero, representante de Paclín, presidente provisorio del Senado y vicegobernador a cargo tras la muerte de Octavio Gutiérrez. Paclín fue durante dos largas décadas un bastión político del radicalismo, tanto como lo fueron Ancasti y La Paz desde la irrupción del Frente Cívico y Social. Cordero logró ganar la elección a senador en 2013 merced a la interna boinablanca en el departamento; más aún, contó con un apoyo evidente de los sectores disidentes. Para el 22 de octubre último, en cambio, creyó que le bastaba con mantener el mismo caudal de votos que había logrado en las PASO, que no era significativo pero le alcanzaba para ser reelegido. Sin embargo, padeció en carne propia el aluvión amarillo que puso en riesgo la victoria oficialista en otros departamentos, comenzando por la Capital. Incluso confió en que el fuerte respaldo del Gobierno provincial, con desembarcos de obras y dirigentes por doquier, le bastaba y sobraba para festejar nuevamente. Es decir, prescindió de los viejos acuerdos políticos con los rivales del intendente Orlando Savio y compañía. Y así fue que perdió en casi todos los distritos donde antes había obtenido buenas diferencias. No supo hacer autocrítica y la emprendió desde el Senado contra quienes identificó como sus “enemigos”. Curiosamente, varios de ellos lo habían votado. Pero la calentura del momento fue más fuerte que la resignación y la aceptación, como hombre de la democracia, de las reglas de juego de la política.
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El miércoles pasado, los despedidos y otros empleados que se solidarizaron con ellos protestaron en la calle frente a la Legislatura. Dos funcionarios del Senado intentaron calmarlos asegurando que los decretos “no estaban firmes” y que continuaría el diálogo en busca de una salida. Uno de los “echados” relató a la prensa que había conseguido hablar con Cordero y que éste le habría admitido que actuó por “enojo”. En el plano legal, mientras, se deslizaban algunas torpezas formales que podrían costarles muy caro a los firmantes. Por caso, la gobernadora Lucía Corpacci viajó el 25 de octubre rumbo a Australia y, por lo tanto, Cordero quedó a cargo del Poder Ejecutivo ese mismo día; no obstante los despidos tienen fecha 26 de octubre, lo que implica que Cordero no podría haber firmado como presidente provisorio del Senado si estaba ya al mando del Ejecutivo. Por esas horas, otros funcionarios de la cámara intentaban hacer firmar a los desvinculados una extraña acta en la que renunciaban a hacer juicio al Senado o a dar participación al gremio legislativo. Las torpezas estaban a la orden del día. Ayer un sindicalista del sector aseguró que el lunes próximo todo volvería fojas cero y los empleados serían reincorporados. Para eso Cordero debería derogar los decretos. Si lo hace, devolverá la certeza laboral a las 8 personas despedidas y a sus familias. Él, por su parte, podrá marcharse en paz a su casa. Pero el episodio que lo tiene como protagonista no se borrará.
