La denuncia de Jorge Marcolli publicada por El Ancasti involucrando al ministro de Obras Públicas de la provincia, Rubén Dusso, en el circuito de la corrupción de la obra pública tuvo fuertes repercusiones, como era previsible.
Será, sin duda, motivo de chicanas cruzadas y de debates políticos de alto tenor. Lo que no parece tan indudable es que prospere una investigación judicial que aporte elementos de prueba que constaten la veracidad de la imputación por ahora periodística.
Las dudas respecto de que denuncias tan graves se investiguen a fondo en los ámbitos tribunalicios tienen sus fundamentos. Basta con recordar los numerosos presuntos casos de corrupción –muchos de ellos relacionados con la ejecución de obras públicas (sobrefacturaciones, supuestos pedidos de retornos, cartelización, pagos por proyectos subejecutados, etc)- que descansan en los cajones o armarios judiciales sin que las pesquisas prosperen lo suficiente para determinar responsabilidades o deslindarlas.
Pero la Justicia tiene ahora la oportunidad de revertir la tendencia e investigar con eficacia y solvencia esta denuncia puntual, sobre todo porque involucra al ex funcionario José López, cuya participación en graves hechos de corrupción está casi probada, y confesada por el propio López poco después de que se lo pescara cargando bolsos con millones de dólares en un convento bonaerense.
El diputado del Frente Cívico-Cambiemos, Miguel Vásquez Sastre, señaló que las versiones eran vox pópuli en los mentideros políticos, pero admitió que nunca hubo pruebas sobre los supuestos pedidos de retorno. Allí se advierte otra punta interesante para orientar la investigación, aunque sea para recoger indicios testimoniales.
Lo que resulta incuestionable es que ninguna de las fuerzas políticas mayoritarias en la provincia puede salir indemne de un análisis exhaustivo de las irregularidades en las obras públicas.
Los legisladores opositores solicitaron una inspección en el Estado Bicentenario con el propósito de exponer públicamente a las actuales autoridades por el mal estado en el que se encuentre.
Quizás no casualmente, el mismo día de la inspección se conoció un adelanto del informe de los técnicos de la Universidad Nacional de Tucumán en el que se advierte que las principales causas de las fallas se relacionan con problemas estructurales atribuibles a la construcción de la obra, que se ejecutó durante el gobierno del Frente Cívico y a través de una empresa vinculada con el presidente del Pro en Catamarca.
Aunque la vinculación obra pública-corrupción sea histórica, la emergencia pública de la problemática debería operar positivamente para que se implementen, hacia el futuro, mecanismos de transparencia en todo el proceso de adjudicación, ejecución y control general del proyecto.
Y hacia el pasado reciente, tarea de la justicia, investigar las presuntas irregularidades para determinar las responsabilidades en el cometido de hechos de corrupción, de modo que los comentarios de pasillos se puedan plasmar en los expedientes de tribunales.
