El lunes pasado, Ramón Saadi, con una pintoresca indumentaria y una retórica que atrasa décadas, brindó una conferencia de prensa en la que anunció su decisión de candidatearse en el 2019 por sexta vez a ocupar la gobernación que debió dejar tras la intervención federal de 1991. Dijo, además, que su sector presentará candidatos en las legislativas del año que viene.
El evidente ocaso del otrora hombre fuerte de la política lugareña, al punto de que en su última incursión electoral ni siquiera pudo acceder a una banca de la Legislatura provincial, haría de la charla con los periodistas un episodio sin demasiada trascendencia, si no fuese porque al blanquear públicamente sus aspiraciones colocó el tema electoral en la superficie.
No es que el resto de la dirigencia local esté despreocupada de los comicios del año entrante, pero los movimientos políticos que se vienen llevando a cabo hasta ahora orientados a esa coyuntura son más bien subterráneos o no admitidos formalmente como parte de una estrategia electoral.
Lo cierto es que en escasos dos meses habrá finalizado el período ordinario de sesiones del Poder Legislativo y un mes más tarde el año calendario. De modo que es de esperar que, luego del receso estival, el tema de los comicios legislativos se convierta en hegemónico, desplazando a otros de mayor importancia política estratégica.
Aunque restan todavía once meses para las PASO de agosto, considerando que, como todo parece indicar, no habrá desdoblamiento electoral, no es mucho lo que podrá esperarse de los diputados y senadores, de ahora en más, respecto de las deudas pendientes.
Cundo la Gobernadora de la Provincia anunció hace dos años la presentación de una iniciativa tendiente a la reforma de la Constitución provincial, hubo coincidencia generalizada respecto de que sería muy difícil que el proyecto sea aprobado en 2015 por su condición de año electoral. Pero el 2016 está casi perdido y no se advierte voluntad política de convertirlo en ley. La oposición provincial nunca la tuvo, y el oficialismo, que antes insistía, ya no lo hace.
No es el único proyecto estratégico pendiente en la Legislatura. Hay muchos otros sobre los más diversos temas que están cajoneados, entre ellos los que promueven reformas judiciales importantes, tal vez más que la ampliación del número de jueces de la Corte que se aprobó en julio gracias a unos cuantos diputados díscolos del bloque Frente Cívico-Cambiemos.
Lo cierto es que los tiempos electorales de a poco irán acercándose y con ellos resurgirán las chicanas, los debates superficiales y los pases de factura sobre lo que no se hizo.
Los legisladores, que son señalados frecuentemente como dirigentes que no están a la altura de la representación que ostentan, habrán entregado nuevas evidencias de que tales imputaciones son más que merecidas.
