La ola de femicidios en el país no disminuye. La visibilización de este drama, la expresión más terrible de la violencia de género, lograda a través de la campaña Ni Una Menos, ha tenido la virtud de hacer aflorar a la superficie del debate público el problema, pero no ha impedido que los casos se multipliquen.
En 2015, año en que se inició la campaña, hubo 285 casos de mujeres asesinadas por razones de género, según las estadísticas difundidas por la Organización No Gubernamental Casa del Encuentro. Los casos que se han conocido en los últimos meses no han sido aun cuantificados ni sistematizados, pero todo parece indicar que no habrá demasiadas variantes respecto de la estadística del año pasado.
En las últimas semanas, cinco mujeres que se habían reportado como desaparecidas fueron encontradas sin vida. La Justicia investiga cada caso, y si bien en algunos no se puede afirmar que se haya tratado de femicidios, tampoco es posible descartarlo como hipótesis.
Lucía Antonella Ponce de León, de 20 años, fue buscada durante doce días hasta que su cuerpo fue encontrado en el río Paraná, frente a la localidad misionera de Esperanza.
Melisa Gómez, de 17 años, desapareció el 16 de agosto en Santa Fe. Su cadáver, rescatado 13 días más tarde de la Laguna Setúbal.
Camila Carletti, de 22 años, fue buscada durante diez días. Al final, su cuerpo fue hallado sumergido en un arroyo de la localidad cordobesa de Adelia María. Un ex novio suyo, de 28 años, está detenido por el hecho.
Irene Hernández, de apenas 15 años, apareció muerta en las vías del ferrocarril. Había desaparecido el día anterior de su casa en Quilmes. En este caso, la hipótesis más fuerte en que se quitó la vida, pero la policía trabaja también en otras líneas de investigación.
El cadáver de María Cecilia "Tati” Caviglia, de 50 años, apareció carbonizado en una valija al costado de la ruta 2 en Dolores. Estaba desaparecida desde el 25 de agosto. Dos empleados del hostel que era de su propiedad son los sospechosos de haber cometido el crimen.
La gravedad de la situación obliga al Estado, en sus distintos niveles, a generar políticas para combatir el flagelo. El gobierno nacional acaba de lanzar un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Por ahora no hay demasiadas precisiones respecto de la implementación de este plan, y aunque habrá que esperar los resultados, debe destacarse la iniciativa.
Los especialistas en violencia de género recomiendan una serie de acciones que contribuirían, en el corto y mediano plazo, a reducir los casos de violencia de género. La utilización de dispositivos de protección, la creación de refugios y hogares de tránsito para las víctimas, introducir la temática en los contenidos educativos formales, capacitaciones regulares y obligatorias para los empleados y funcionarios del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, los profesionales de la salud, los docentes y los integrantes de los dispositivos de atención a víctimas, son algunas de las medidas que deberán implementarse o profundizarse.
La inacción del Estado, su indiferencia, son tan peligrosas como las conductas violentas de los victimarios.