En el incidente limítrofe entre los departamentos Capital y Capayán derivado de la polémica sobre la localización de la "Ciudad Satélite” pueden advertirse las grotescas consecuencias institucionales de la impunidad.
El proyecto para edificar nada menos que 4.000 viviendas en la ribera sur del río Ongolí estuvo atravesado por sospechas desde su inicio, debido a las circunstancias que rodearon la adquisición de los terrenos, una parte de la propiedad conocida como "La Estancita”, en cuyo extremo noroeste los propietarios construyeron otro complejo urbano embarrado por controversias, aunque de pretensiones más paquetas. Obviamente con dineros públicos, el Instituto Provincial de la Vivienda pagó por las tierras para la "Ciudad Satélite” 20 millones de pesos.
Esta decisión oficial fue blanco de objeciones primero porque había otra oferta en apariencia más razonable, pero sobre todo porque para concretar el emprendimiento iban a ser necesarias millonarias inversiones adicionales a la de la compra del terreno, la construcción propiamente dicha de las casas y el trazado de las calles, para llevar hasta la zona los servicios de agua y luz y conectarla con el ejido urbano.
Una de estas inversiones, justamente, debió llamar la atención sobre el problema de la ubicación de cualquiera de las administraciones u organismos que intervinieron en los procedimientos. Se trata del puente sobre el río Ongolí, inaugurado tras largas demoras, después de que varias crecientes aislaran el barrio.
Un vado y un puente parecen evidencias suficientes: para llegar a la "Ciudad Satélite” desde San Fernando del Valle hay que cruzar el Ongolí, ahora por el puente, antes por el vado, y resulta que el Ongolí marca, por historia, decantación cultural y mandato de la propia Carta Orgánica de la Capital, el límite entre Capital y Capayán, como el río del Valle establece el límite entre Capital y Valle Viejo.
En la parte pertinente, referida a los límites capitalinos Este y Sur, con Capayán, el Anexo I de la Carta Orgánica de San Fernando del Valle dice "…sigue el curso del Río Ongolí hasta la confluencia del Río del Valle”.
Que las municipalidades de Capital y Huillapima acordaran resolver el litigio a través de la sanción de una ley de límites implica la confesión de los, como mínimo, errores cometidos, pues si la "Ciudad Satélite” estuviera sin lugar a dudas en Capital, ¿para qué se requeriría una ley?
De los trámites administrativos previos a la construcción de la "Ciudad Satélite”, desde la controvertida compra a las autorizaciones pertinentes, participaron numerosos organismos del Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de la Capital. En ninguno alguien se preocupó por constatar en qué jurisdicción estaría el megabarrio. Es sugestivo que el IPV gastara para adquirir tierras 20 millones de pesos sustraídos a la construcción de viviendas sociales, sin tomarse siquiera la molestia de averiguar si su localización podía ser puesta en controversia.
Más sugestivo resulta todo si se considera que, para hacer el nuevo Mercado de Abasto, que está en Valle Viejo, al otro lado del río del Valle, en terrenos pertenecientes a la Iglesia, la Municipalidad de la Capital firmó un convenio con la del distrito chacarero, precaución que no tomó antes de habilitar las obras en la parcela adquirida por el IPV a los propietarios de "La Estancita”.
El cúmulo de omisiones que destapa el conflicto con Huillapima es de tal magnitud, tan inverosímil, que no caben demasiadas alternativas de explicación: o se asiste a una gigantesca exhibición de incompetencia e improvisación provincial y municipal, o hay en los orígenes de la "Ciudad Satélite” un entuerto cuyos detalles son inconfesables.
Cualquiera sea el caso, la trama es grotesca. Más que ineptitud, revela una despreocupación generalizada e inaudita por el cumplimiento de las formalidades administrativas más elementales. Las irresponsabilidades, sin embargo, son lógica consecuencia de la impunidad.
Los escrúpulos legales y administrativos han desaparecido porque el incumplimiento o violación de leyes y reglamentaciones no desemboca en sanción alguna. Si de algo pueden estar seguros quienes con sus acciones u omisiones perjudican al erario es de que sus contravenciones permanecerán impunes.
La Justicia cómplice
El país asiste a una serie de investigaciones de tropelías kirchneristas en la Justicia Federal que de ningún modo pueden calificarse como revelaciones. La mayoría de las causas que ahora se descargan aceleradamente sobre las figuras del kirchnerismo estuvieron años en los cajones judiciales a la espera de que se modificaran las condiciones políticas o directamente para procurar su caducidad. Que recién se activaran, con esclarecedor entusiasmo, cuando Cristina Fernández de Kirchner dejó la Presidencia, confirma, aparte de la endémica corrupción kirchnerista, el carácter acomodaticio del Poder Judicial argentino. Y este carácter acomodaticio degenera en arbitrariedad: es demasiado notorio que los criterios de persecución de la Justicia se modifican conforme a la situación que los sospechosos tienen en relación con el poder.
La sinuosa gestión de la Justicia sirve de abono a cualquier teoría conspirativa. El kirchnerismo, ayuno de argumentos para defender a, por ejemplo, el ex secretario de Obras Públicas José López, el empresario Lázaro Báez o el ex ministro de Planificación Julio de Vido, se abroqueló en torno a Hebe de Bonafini el jueves para tratar de relegitimarse, una vez más, en la causa de los derechos humanos, aunque Bonafini hubiera sido citada por la Justicia para responder por la malversación de fondos del programa "Sueños Compartidos” que administraba la fundación de Madres de Plaza de Mayo. La maniobra es posible porque la Justicia no accionó como correspondía cuando correspondía.
El lamentable papel que cumple la Justicia Federal tiene correlato en la Justicia catamarqueña, que mantiene acumulando polvo en expedientes sobre palmarios casos de corrupción.
El "negocio del hambre” con las compras directas en el área de Acción Social, por ejemplo, lleva 12 años impune, al igual que el "megafraude” de las fundaciones perpetrado en la misma repartición. Las causas relacionadas con la malversación de regalías mineras no registran avances, salvo en el caso muy particular del ex intendente de Antofagasta de la Sierra Carlos Fabián, único castigado por maniobras similares a las que realizaron colegas suyos como el ex intendente de Andalgalá y ex senador José Perea, que ahí anda muy campante.
Tanto la demora judicial como la ausencia de sanciones promueven la corruptela.
El monto de las eventuales y muy contadas sanciones administrativas se torna con el paso del tiempo tan insignificante que resulta un chiste. Considérese, por caso, que la escandalosa malversación con las compras directas en Acción Social en 2003 asciende a unos 70 millones de pesos, cifra que hace doce años era escandalosa pero representa una minucia frente a los volúmenes que se administran actualmente.
La inacción de fiscales y jueces frente a los casos de corrupción, sea por inoperancia, desidia o lisa y llana complicidad, asienta la convicción entre funcionarios y aspirantes a serlo de que pueden cometerse delitos contra la administración pública sin sufrir consecuencia alguna.
¿Cómo sorprenderse entonces de las extravagantes omisiones en el caso de la "Ciudad Satélite”? Si nadie con la autoridad y la responsabilidad para hacerlo requiere explicaciones por ningún enjuague, por evidente que sea, ¿para qué preocuparse por detalles? Por más que los dedos queden marcados, acá no pasa nunca nada.
Pruebas al canto
Incidentes menores, tangenciales como este de la polémica limítrofe Capital-Huillapima, terminan por poner al descubierto tramas en las que se conjugan incompetencia y venalidad.
En el caso del tendido eléctrico sobre la Cuesta del Portezuelo, sin ir más lejos, objeciones planteadas en principio por razones ambientales, legítimas por cierto, abrieron paso al destape de un expediente irregular de cabo a rabo: la obra se adjudicó con una traza y se hizo por otra (vale decir: se adjudicó una obra y se empezó a hacer otra distinta); el cambio de traza fue habilitado por funcionarios que no tenían facultades para hacerlo, al punto que el ministro de Servicios Públicos de la época se negó a firmar la autorización y ordenó trabar los pagos que estaban en marcha; no se tuvo en consideración la ley que protege el patrimonio cultural de la Provincia, del que la Cuesta forma parte; los trabajos se empezaron sin informe de impacto ambiental. Nadie ha recibido siquiera una recriminación por tamaña acumulación de desatinos.
Otro ejemplo es el de la Secretaría de Vivienda. Se denunció un caso de corrupción, que por el momento asciende a 50 millones de pesos, ilustrativo sobre las garantías de impunidad que suponen tener funcionarios bien bancados en las altas esferas: una directora montó un sistema de compras directas de materiales de construcción en comandita con su propia hija y una socia. La absoluta despreocupación de las involucradas en por al menos tratar de disimular el saqueo expone la seguridad de que nadie, en toda la cadena administrativa, indagaría en los vínculos que había entre ellas. De hecho nadie indagó: el caso saltó por la denuncia de una diputada opositora.
Cotidianamente se descubren kilos de rodocrosita de origen misterioso, cuya administración y comercialización es monopolizada por el Estado, sin que a ningún estamento se le ocurra investigar cómo es que tanta piedra semipreciosa circula irregularmente. El último hallazgo fueron 100 kilos, aparecidos por casualidad en un allanamiento contra unos supuestos ladrones comunes y corrientes.
La "cartelización” de obras en el IPV no ha merecido mayores esfuerzos judiciales. Tampoco obras finalmente suspendidas, como las del frustrado "call center”, en las que se gastaron fondos públicos sin que se hubieran cumplido los trámites administrativos básicos para hacerlo, y así.
La caída de los niveles de calidad administrativa, la extrema flexibilidad de los controles, el desparpajo con que se incurre en contravenciones y corruptelas, es consecuencia en gran parte de la deserción de un Poder Judicial provinciano que no le va en zaga a la Justicia Federal en lo que se refiere a acomodarse al Gobierno de turno.
CAJÓN
Incidentes menores, tangenciales, terminan por poner al descubierto tramas en las que se conjugan incompetencia y venalidad.
El desparpajo con que se incurre en corruptelas es consecuencia en gran parte de la deserción de un Poder Judicial provinciano.