El fallo de la Corte Suprema de Justicia frenando el tarifazo del gas para usuarios residenciales, contiene otros elementos de análisis que exceden el tema específico, e incluso recomendaciones a otros poderes del Estado.
En este último sentido, debe destacarse que los jueces del máximo tribunal de Justicia del país le recuerdan al Congreso de la Nación la necesidad de dar cobertura al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, que permanece vacante desde hace nada menos que siete años.
El Defensor del Pueblo es un órgano independiente, creado a partir de la reforma constitucional de 1994 e instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actúa con plena autonomía funcional y sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.
Según el artículo 86 de la Constitución, el Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal, es decir que está facultado para presentarse en sede judicial, y es designado y removido por el Congreso de la Nación con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras.
No es casual que la Corte le haga notar al Congreso la falta de cobertura del cargo en el contexto de una resolución en el que se analiza los frenos judiciales al incremento de las tarifas de los servicios públicos.
Es que el Defensor del Pueblo debería haber tenido un rol preponderante en este tema, pues entre sus misiones se encuentra la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración. Y también se ocupa del control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.
En la Defensoría del Pueblo de la Nación puede denunciarse todo acto u omisión, de autoridades públicas o particulares, que lesione, restrinja, altere o amenace derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y las leyes.
Esto contempla cualquier forma de discriminación, inconvenientes con los servicios públicos, violaciones a los Derechos Humanos, seguridad social y empleo, maltrato y mala atención en hospitales públicos, contaminación ambiental, aumentos de impuestos y tarifas, desaparición forzada de personas, corrupción en la función pública, entre otros temas.
La ausencia de cobertura del cargo pone de manifiesto el escaso apego a este tipo de controles que suele caracterizar a la dirigencia política. El último defensor designado fue Eduardo Mondino, quien renunció al cargo en 2009 para dedicarse a la política partidaria. Desde entonces el Congreso está en mora en lo que respecta a la designación de su reemplazante.
El Defensor del Pueblo debe ser propuesto por la oposición, pero requiere del apoyo de los dos tercios del plenario de los legisladores. Si los dirigentes propuestos para ocupar el cargo no cuentan con avales de todos o la mayoría, la nominación no prospera.
Pero en vista de las importantes contribuciones que este funcionario puede realizar al respecto de los derechos colectivos, las fuerzas políticas con representación parlamentaria deberían esforzarse en encontrar un hombre o una mujer con probidad, honestidad y capacidad para ejercer esa función, alguien con los suficientes pergaminos como para no recibir cuestionamiento de alguna bancada que impida la cobertura de la vacante.
