La gobernadora Lucía Corpacci se reunirá hoy con los intendentes del Frente para la Victoria para definir si convoca a elecciones provinciales para marzo y se pliega al calendario nacional. Es un anuncio que la oposición viene reclamándole para destrabar el tratamiento de la reforma constitucional y que ella demoró en el marco de negociaciones con la Casa Rosada para acordar la fecha. En Casa de Gobierno sostienen que tienen hasta el jueves para decidir. Como sea, a la incertidumbre ya clásica que surge de la habilitación en la Carta Magna para desdoblar los comicios provinciales de los nacionales se sumaron en esta oportunidad las imperfecciones del régimen electoral provincial, que incorporó las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Como en 2015 las elecciones nacionales y provinciales se realizaron juntas, estas deficiencias no fueron tan manifiestas. El Gobierno vetó el artículo de la ley de PASO local que establecía un plazo de 90 días para la convocatoria. Ahora, los opositores consideran que el plazo para llamar a marzo está vencido, mientras el oficialismo sostiene que todavía quedan unos días.
Sería conveniente que la Legislatura se aboque a confeccionar y dar estatuto legal a un cronograma claro en lo que se refiere a los plazos de convocatoria para el proceso completo, con PASO incluidas, como el que rige en la Nación, a los fines de acotar el espacio a especulaciones, interpretaciones y enjuagues. Lo que hay ahora es una ley de PASO desacoplada de la norma que rige las generales, o al menos con una redacción confusa, sobre la cual han girado los cálculos políticos y los condicionamientos impuestos al diálogo por la reforma. No es que sea demasiado complejo sacar cuentas, pero es conocida la tendencia política a obtener ventajas de cualquier resquicio abierto en los sistemas legales. Por poner un ejemplo hipotético, si el Gobierno decidiera finalmente convocar a marzo, la oposición plantearía con seguridad una impugnación judicial que empiojaría todo el proceso. Una tarea pendiente para los legisladores.
El "Cara y Cruz” del sábado, "Cartón lleno”, provocó numerosos reproches en las redes sociales por lo que se interpretó como un ataque a los integrantes de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTA). No fue intención de este espacio agraviar ni a la institución ni a sus miembros, pero como lo ofensivo no son las intenciones, sino las conductas y las palabras, se impone pedir las disculpas del caso por los términos empleados. No calculó este diario que su pretendido humorismo pudiera herir de manera tan profunda a la gente de ATTA y a quienes comparten sus luchas, porque no consideró que la vulnerabilidad del sector lo hace más sensible a chanzas admisibles cuando se dirigen a otros actores de la escena pública, ellos sí privilegiados, como políticos, funcionarios, legisladores, sindicalistas o académicos. Las críticas a la columna, la mayoría durísimas, son válidas y este diario se hace cargo, pero no es demasiado pedir que se las pondere haciendo una evaluación más amplia sobre la cobertura que El Ancasti ha dado siempre a las actividades y reclamos de la gente de ATTA, en particular, y de cualquier grupo que busca reparaciones y reivindicaciones justas, en general. Lo que se objetó no fueron las elecciones de vida de travestis, transexuales y transgéneros, que por otro lado resultan inobjetables por cuanto incumben solo a ellos, sino la generalización de la metodología del micropiquete, por los trastornos que produce en personas que no tienen nada que ver con las postergaciones de los manifestantes ni pueden hacer nada por revertirlas. ATTA exige que se cumpla con legislación referida a puestos de trabajo y es legítimo; lo que habría que discutir es la legitimidad de interrumpir sistemáticamente el tránsito en horas pico y la posibilidad de canalizar los reclamos por otras vías.
