Si bien no deja de ser alentador que todavía quede gente capaz de canalizar su hartazgo en forma civilizada, la organización de patrullas vecinales para tratar de disuadir a los delincuentes es otra evidencia del fracaso de la política de seguridad.
La idea fue del Centro Vecinal "28 de Octubre”, del barrio 120 Viviendas Norte. "Como hay muchos vecinos que están desempleados, queremos por medio del Centro Vecinal aportar una cuota mínima y así poder solventar y crear un equipo de tres o cuatro vecinos que patrullen de noche y de esta manera sentirnos más protegidos”, explicaron.
La decisión de armar las patrullas es producto de la resignación. Aleccionados por la experiencia, no esperan ya respuestas oficiales. "Nosotros llamamos a la policía y por ahí ya ni vienen, o las veces que vienen el ladrón ya se fue. Los delincuentes conocen a toda la gente, saben quiénes son los que viven solos, saben cuándo se va el marido de alguna casa, saben cuál es la puerta más frágil para romper, saben todo”, contó uno de los integrantes del Centro Vecinal.
La Policía no asistió a la reunión donde se tomó la decisión a pesar de que las autoridades fueron invitadas.
La actitud no es de lo más sensata. Ya que al parecer la fuerza no da abasto para cubrir la demanda de seguridad, parece conveniente que se interiorice sobre los nuevos mecanismos que parte de la comunidad pretende implementar en defensa propia. Incluso podría contribuir con sugerencias, pues esto de poner civiles a cumplir tareas policíacas no ha de estar exento de riesgos: si los propios efectivos policiales son blancos habituales de ataques, no hay que ser profeta para imaginarse lo que podría tocarle padecer a un improvisado patrullero civil en el para nada improbable caso de toparse con sujetos peligrosos o enajenados por las drogas.
Sobre la audacia prohijada por la ineficacia de las políticas de seguridad, también en ámbitos ajenos al delito, no hace falta abundar mucho ni irse demasiado lejos. Alrededor de las 22.30 del jueves, unas cuarenta personas apedrearon e intentaron incendiar la casa familiar de Fabián Páez, quien el día anterior había sido condenado por el homicidio culposo del niño Cristian Titos, pero no cumplirá la pena en prisión. La posibilidad de una revancha no podía descartarse. El día de la sentencia se produjeron serios incidentes entre las familias del niño muerto y del condenado, y el padre de Titos advirtió que había tenido que contener a sus hijos mayores para que no hicieran justicia por mano propia.
Desbordada
La Policía, que está acomodándose tras la salida del ex jefe Julio "Suri” Gutiérrez, precipitada por las diferencias que tenía con el secretario de Seguridad Marcos Denett, está desbordada.
La iniciativa de los vecinos de las 120 Viviendas Norte es una variante modesta de la seguridad privada, que cuesta mucho dinero y es privilegio de sectores más acomodados. El propio Estado, que se ve obligado a recurrir a agencias privadas para preservar algunas de sus instalaciones de la acción de vándalos y delincuentes, tiene cada tanto problemas por demoras en el pago del servicio.
Las deficiencias de la políticas tendientes a proteger la integridad física y patrimonial de los catamarqueños ya decantaron en varios casos de justicia por mano propia, algunos con desenlaces fatales. La organización de patrullas vecinales es una alternativa más civilizada que el ajusticiamiento, pero supone riesgos que es preciso considerar si no es posible adecuar el sistema, cuantitativa y cualitativamente, a la demanda social creciente.
El déficit concierne también al sistema judicial. El desalojo del asentamiento Valle Hermoso, del que el Gobierno finalmente desistió, reavivó por ejemplo las diferencias entre integrantes de los poderes Ejecutivo y Judicial.
El secretario Denett consideró que el desalojo fue mal manejado por el juez José Antonio Carma, quien había ordenado la medida en el marco de una causa iniciada por Fiscalía de Estado -el Gobierno es propietario de las tierras- luego de un planteo de la Secretaría de Seguridad, objetada por vecinos de Villa Parque Chacabuco que atribuyeron a los asentamientos ilegales el incremento de la inseguridad después del asesinato de Ramona Andrada.
Para Carma, "el Ejecutivo no tuvo coherencia ni capacidad en el operativo” para asistir y contener a las familias desalojadas.
Denett retrucó que "el desalojo se extendió más de lo debido”, pues debió limitarse a los residentes más nuevos, sin afectar a los que están allí desde hace una década.
Síntomas de improvisación: el área de Seguridad respondió de modo espasmódico a la presión de Villa Parque Chacabuco y contribuyó a envolver al Gobierno en una disposición totalmente contradictoria no solo con su discurso, sino con su propia gestión, que avanzó en la urbanización de asentamientos como Cristo Rey, Montecristo y Virgen Niña y trabaja en el Papa Francisco, Mi Jardín, 7 Maravillas, Magisterio y La Esperanza.
Defección
La instrumentación de patrullas civiles es una respuesta a lo que la sociedad entiende como una defección del Estado en la cobertura de un servicio elemental. En las 120 Viviendas Norte, los robos se han vuelto norma, pero la comunidad barrial también ha de sentir el impacto del crecimiento general de los hechos delictivos y de la violencia a caballo de las drogas, y busca autoprotegerse.
El último crimen fue el de Ramona Andrada. La reacción oficial a los reclamos terminó en un intento de desalojo escandaloso. Quienes promueven las patrullas se previenen como pueden ante situaciones similares, en la suposición de que bastará con la presencia de un grupo de vecinos en las calles para disuadir a los malhechores. Sin embargo, es necesario considerar que los civiles no están preparados para cumplir funciones policiales.
La Secretaría de Seguridad, la Policía y la Justicia no pueden delegar la seguridad pública en bienintencionados ciudadanos, pero ninguna de las instituciones se ha pronunciado sobre la idea de las patrullas civiles. Como si consintieran que han fracasado.
