El Papa Francisco continúa dando muestras de que está decidido a introducir cambios de fondo en la vida de la Iglesia Católica. Y tal vez sus principales esfuerzos de ese proceso transformador los esté poniendo en este momento en acabar con un flagelo que ha deteriorado, por la inacción, o incluso por la complicidad de jerarquías de iglesias locales, hasta límites insospechados a la institución milenaria: la pedofilia practicada por sacerdotes e incluso por obispos de diócesis de distintos países.
En estos días se conoció, finalmente, la fecha precisa de inicio del juicio contra el ex nuncio en la República Dominicana, Josef Wesolowski. La primera audiencia será el próximo 11 de julio. A Wesolowski se lo acusa de abuso de menores y posesión de material pornográfico protagonizado por niños.
Las acusaciones sobre los abusos contra menores cometidos en Dominicana "se basan en el material probatorio transmitido por la Autoridad Judicial de Santo Domingo”, según indicó el Vaticano.
El ex nuncio de 66 años que podría enfrentar, si es condenado, una pena de entre 7 y 10 años, fue hombre de confianza del Papa Juan Pablo II.
Este proceso fue iniciado por decisión del Pontífice argentino, y el religioso se encuentra con arresto domiciliario desde septiembre del año pasado luego de que fuese destituido por Francisco. Se trata de un hecho que no tiene antecedentes en El Vaticano, que hasta hace pocos años hacía la vista gorda a la gran cantidad de denuncias similares contra miembros jerárquicos de la Iglesia. Recién en 2010 Benedicto XVI reconoció ante miembros de la Convención de Naciones Unidas para los Derechos del Niño, la violación de esos derechos por parte de miembros del clero y emitió una resolución que obliga a los miembros de la Iglesia a denunciar los casos a las autoridades civiles, pues no constituyen solo un delito canónico, sino también penal.
Siempre en el marco de combate abierto por Francisco contra la pedofilia, en la iglesia debe mencionarse el Informe de la ONU presentado en mayo del año pasado por Silvano Tomasi, representante del Vaticano en el Comité contra la Tortura. Allí se señala que en los últimos años se investigaron 3.420 casos de sacerdotes acusados de abusar sexualmente a menores, de los cuales 884 fueron destituidos.
También en la Argentina se han registrado casos de este tipo, siendo los más conocidos el de Julio César Grassi, condenado por abuso sexual contra menores, y el de Justo José Ilaraz, presbítero de Paraná, acusado de numerosos casos de abuso.
La época del proceso y condena de Grassi coincide con la época de Jorge Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires, quien ni por asomo adoptó entonces una actitud de persecución contra los pedófilos como actualmente en El Vaticano.De todos modos, eso es historia. Lo trascendente ahora es el impulso papal para desterrar de la Iglesia este tipo de aberraciones. Impulso que bien podrían imitar las iglesias locales, paradójicamente mucho más tibias que la máxima jerarquía mundial.
