El jueves se conoció que el fiscal Marcelo Sago elevó a juicio una causa por resistencia a la autoridad a dos artesanas. El caso, en realidad, tuvo gran trascendencia, pero no por el presunto desacato de las jóvenes contra efectivos policiales, sino por los apremios y torturas que sufrieron las mujeres en una comisaría, según ellas mismas denunciaron.
La tortura presuntamente aplicada por policías a las artesanas Paula Romero y Fabiana Orellano no fue uno más de los tantos casos por apremios denunciados en Catamarca recurrentemente. El episodio, ocurrido hace algunos meses, adquirió repercusión nacional por la brutalidad descrita por las mujeres.
Las jóvenes fueron detenidas mientras vendían sus artesanías en Peatonal Rivadavia por efectivos del Comando de Operaciones Preventivas (COP) y efectivos de la Comisaría Primera, sin motivo alguno. Cuando se las llevaron, las mujeres le rogaron a los policías que no lo hicieran porque quedaban sus pequeños hijos en el lugar. No fueron escuchadas.
Pamela, quien al momento del hecho estaba dando de mamar, fue dejada en libertad 48 horas después, y Fabiana 24 horas después que su compañera.
La denuncia especifica que a Pamela la torturaron con la picana colocándosela en los pechos y también en la vagina. Fabiana, por su parte, declaró: "Nos pegaron cachetadas. Nos pusieron con los pies hacia arriba y nos pegaron con un palo de goma. Nos picanearon en los pechos y en la ingle”.
Los efectivos denunciaron a su vez a las mujeres por resistencia a la autoridad, pero pareció más una reacción a las imputaciones por apremios ilegales que recibieron, una manera de encubrir el presunto delito por ellos cometidos, que una formulación basada en hechos sucedidos realmente.
Se abrieron, en consecuencia, dos causas. Una de ellas por apremios a los policías involucrados y la otra por resistencia a la autoridad contra las artesanas. La primera de ellas está a cargo del fiscal Mauricio Navarro Foressi. La segunda, en manos del fiscal Marcelo Sago.
Mientras Navarro Foressi recolecta testimonios y pruebas que apuntan a la culpabilidad de los policías, Sago decidió apresurarse a enviar a juicio a las artesanas, desviando el foco de la atención.
Es probable que la causa por torturas siga su curso y la investigación se demore hasta el año que viene. Antes, las mujeres que denunciaron haber sido brutalmente torturadas pasarán a ser juzgadas como responsables de haber cometido un delito. De víctimas a victimarias.
Llama la atención la prisa con la que se eleva a juicio la causa por resistencia a la autoridad, considerando que se relaciona directamente con la otra que se ventila en la fiscalía de Navarro Foressi. Si se comprobase, como todo parece indicar, que hubo apremios, prácticamente se derrumbaría la imputación de resistencia a la autoridad.
La Justicia ha sido señalada en los últimos tiempos por su actitud pasiva ante las numerosas denuncias por apremios ilegales cometidos por efectivos policiales.
Desde Tribunales han respondido que los policías no tienen privilegios y son investigados como cualquier ciudadano. Lo sucedido en torno a este caso parece desmentir esa aseveración.
