Con justa razón, las expresiones del vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, advirtiendo que hay varias provincias argentinas, entre las que mencionó a Catamarca, que "no están capacitadas para hacer elecciones”, provocó malestar entre los que se sintieron aludidos, ya porque son autoridades de esos distritos, ya porque pertenecen a los sectores que triunfaron en las PASO realizadas hace menos de dos meses.
Antes de avanzar en el análisis del tema y sus inevitables derivaciones políticas e institucionales, conviene mencionar que Dalla Vía es un prestigioso académico y un experto en la materia, y que desde hace varios años viene señalando la necesidad de implementar reformas en los sistemas electorales de la Argentina.
Pero sus declaraciones parecen aventuradas, sobre todo porque lanza tamaña aseveración sin explicar demasiado los fundamentos que lo llevan a sacar esta conclusión, y peligrosas desde una perspectiva institucional pues si las emite una alta autoridad federal, cómo no dudar de la legitimidad de los candidatos que resulten electos el 25 de octubre.
La indudable existencia de rasgos feudales que caracterizan a los sistemas políticos de muchos de los distritos del país no habilita a enunciar al voleo la incapacidad provincial para "hacer elecciones”. Desde 1983 a la fecha, la regla general y abrumadoramente mayoritaria ha sido la de elecciones limpias, con resultados aceptados más temprano que tarde por los derrotados, al margen de las denuncias de irregularidades puntuales, que lejos están de justificar una impugnación global de los resultados.
No se ve qué ha cambiado este año para que lo que fue aceptado en tres décadas ahora sea objeto de críticas tan virulentas. No debería avanzarse más, a escasos días de las elecciones presidenciales, en visiones tan negativas del sistema electoral, pues el país corre el riesgo, a partir de análisis más espectaculares que fundados en pruebas concretas, de profundizar ciertas delicadas tendencias a poner en duda el resultado de los comicios.
De todos modos, tarea necesaria es eliminar las prácticas clientelares que forman parte intrínseca de las estrategias electorales y políticas en general. Estas distorsiones se corrigen con más institucionalidad, que bien pueden aportar normas específicas orientadas a montar mecanismos para desmantelar o restringir estas costumbres tan arraigadas.
En Catamarca, la reforma de la Constitución que seguramente ingresará de lleno en la agenda política el año que viene, representa una oportunidad muy valiosa para introducir cláusulas del tenor mencionado, empezando por la eliminación de la posibilidad de la reelección indefinida para los cargos de gobernador y vice.
La salud de las instituciones de la República requiere tanto de la prudencia a la hora de impugnar la legitimidad de los sistemas electorales vigentes, como de la implementación de transformaciones normativas -que incluyan también a estos regímenes de selección de las autoridades de los poderes ejecutivos y legislativos- tendientes a depurar los vicios que deterioran la calidad de la democracia.
