En un fallo altamente crítico con el fiscal Carlos Stornelli, la jueza María Eugenia Capuchetti concluyó que la creación del Observatorio de la Desinformación en Medios y Plataformas Digitales, conocido como Nodio, no conlleva ningún delito y ordenó el sobreseimiento de Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público.
"Ni de la argumentación fiscal en su requerimiento de instrucción ni de un análisis prudente de los hechos puede sostenerse mínimamente que de las principales funciones proyectadas para Nodio, en particular aquellas que se orientan al análisis a partir de muestras de noticias falsas o maliciosas previamente difundidas en los espacios nacionales especializados, se extraiga de allí per se una conducta punible y menos aún subsumible en alguno de los tipos penales a los que hizo referencia", dice la resolución.
Stornelli había intentado imputar a Lewin por "abuso de autoridad y/o violación de los deberes de funcionario público”, “censura previa” y violación a la “libertad de expresión” montado a una denuncia de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio que intentaron desacreditar la existencia del observatorio, que en rigor no es un organismo sino una línea de trabajo sobre el problema de la desinformación y los discursos de odio. Capuchetti sostuvo que Stornelli no ofreció ni una prueba, que se basó en "perjuicios hipotéticos" y que en todo caso se trata de un debate que no es judicial.
La denuncia de los diputados opositores fue presentada después que la la Defensoría del Público anunció en qué consistiría el trabajo del observatorio Nodio (que junta las palabras No y Odio), cuando se cumplía un nuevo aniversario de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El propósito era seguir un Plan de Acción de Naciones Unidas sobre los discursos de odio y los criterios sobre desinformación, incluidas las recomendaciones de “reconocer, vigilar y analizar las tendencia relativas al discurso de odio y recopilar datos sobre ella”, así como la investigación que vincula la difusión de esos discursos por internet y redes sociales y los actos de violencia. Lewin explictó por entonces que contemplaba "iniciativas ciudadanas con espíritu no punitivo" con participación de “periodistas, medios, plataformas digitales, verificadoras, universidades y organizaciones de la sociedad civil”.
El fiscal Stornelli hizo una interpretación disparatada y en su acusación alegó que existía la "aparente finalidad de impedir o estorbar la libre circulación de publicaciones o manifestaciones amparadas por la libertad de prensa y/o la libertad de expresión y/o de alentar o incitar la persecución contra una persona o grupo de personas a causa de sus ideas políticas, impidiendo, obstruyendo, restringiendo o de algún modo menoscabando el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías constitucionales por cuestiones ideológicas u opinión política”.
El fallo de Capuchetti sitúa el debate en un contexto "sumamente complejo en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, donde colisionan permanentemente la libertad de expresión e información con fenómenos y prácticas que son sumamente peligrosas, que abarcan desde la difusión de contenidos manifiestamente ilícitos hasta la proliferación de noticias falsas (fake news)". La jueza señaló que la "la gran preocupación de los gobiernos de todo el mundo y de las organizaciones internacionales respecto de las acciones deliberadas de desinformación que se llevan a cabo a través de los medios digitales, especialmente en época de elecciones". Cita en su fallo una declaración conjunta de referentes de libertad de expresión de la ONU, la OEA y la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea y recuerda que la Comisión Europea (órgano de la UE) creó un grupo de expertos para asesorar sobre iniciativas públicas para contrarrestar las fake news, con lo cual el observatorio no es ninguna rareza.
