El fiscal Federico Delgado solicitó el llamado a indagatoria de Javier Iguacel, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) durante el gobierno de Mauricio Macri, por el supuesto armado de una causa falsa contra los funcionarios que lo precedieron entre 2012-2015 en la que los acusó de perjuicio al Estado en torno a la construcción de la Autopista Presidente Perón.
“Alcanza con leer la denuncia que dio origen a la causa y confrontarla con el resto de las constancias incorporadas a ese mismo expediente para advertir que los funcionarios de Vialidad efectuaron un recorte arbitrario de la información que obraba en el organismo”, afirma el fiscal, según el escrito al que accedió el diario Tiempo Argentino.
Para el fiscal, esa conducta tenía por objetivo “demostrar con contundencia la comisión de un delito en el dictado de resoluciones y direccionar la causa penal en ese sentido cuando, en rigor de verdad, luego no sólo se demostró que la cuestión era opinable, sino también que los funcionarios públicos que impulsaron y prestaron declaración testimonial en ese expediente tenían conocimiento sobre la verdadera ocurrencia de los pormenores que giraron en torno a los procesos de expropiación para la construcción de la autopista”.
Según lo que reconstruye Tiempo Argentino, el ex titular de Vialidad durante el kirchnerismo, Nelson Periotti, y los funcionarios Claudio y Manuel Keumurdji dictaron tres resoluciones entre 2012 y 2015 para llevar adelante la relocalizacion de vecinos de la localidad bonaerense de Ezeiza mediante expropiaciones para dar lugar a la traza de la autopista.
Sin embargo, cuando Iguacel llegó a Vialidad denunció a los funcionarios porque esas resoluciones habían sido irregulares, sobre una base legal errada, por lo que el precio acordado había irrogado un perjuicio económico al Estado. Iguacel denunció ante la Oficina Anticorrupción, y la entonces titular de ese organismo, Laura Alonso, llevó el caso a la Justicia en julio de 2016.
Entonces, la causa recayó en el juez Claudio Bonadio, quien procesó a los funcionarios de Vialidad del kirchnerismo. Tiempo Argentino explica que en septiembre de 2019 la Cámara Federal revocó los procesamientos argumentando que se habían evaluado expedientes parcializados y la selección la había hecho Agustina Morán, cuñada de Iguacel y, además, las mismas normas por las que fueron procesados los ex funcionarios habían sido usadas por sus sucesores para efectuar pagos similares.
“La fiscalía considera que se encuentran reunidos los elementos de prueba necesarios para considerar que Iguacel como Administrador General de Vialidad, Ricardo Stoddart en su carácter de Jefe de Servicio de Asuntos Jurídicos, Diego Martínez como responsable de la Unidad Ética y Transparencia y Agustina Moran, todos ellos funcionarios de la DNV, habrían incurrido en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público”, dijo Delgado.
