Un equipo de médicos de San Miguel de Tucumán practicó un aborto de los denominados "no punibles" a una menor de 11 años violada en el Hospital “Nicolás Avellaneda” de esa ciudad. Desde entonces, no paran de recibir amenazas e insultos en su WhatsApp.
La ginecóloga infanto juvenil Fabiana Reina es la principal hostigada por el procedimiento, que es legal en estos casos. La menor acudió al hospital con su madre, quien dio aval para llevar adelante el aborto.
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Desde 1921, la interrupción del embarazo es legal en los casos de peligro para la vida o de la salud de la mujer, en situaciones de violación, o de "atentado al pudor de mujer demente o idiota", tal como señala la Ley.
Como la mayoría de los casos se judicializaban, la Corte Suprema de Justicia dictó en 2012 una sentencia en la que estableció que toda mujer embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder a un aborto no punible "sin importar su capacidad intelectual, sin requerirse autorización judicial previa para acceder a la práctica y sin que exista obligación de realizar la denuncia penal del delito sino que basta con completar una declaración jurada en la que la mujer víctima de una violación manifieste que el embarazo es producto de ese delito".