CÓRDOBA- En medio de la polémica por la quita de pensiones por invalidez -que el gobierno prometió revisar para detectar casos en que fueron "mal sacadas"- dos comunas de esta provincia aparecen, según la denuncia del Gobierno, con más beneficios otorgados que habitantes radicados. Se trata de Guanaco Muerto (en el norte, departamento Cruz del Eje) y La Rinconada (en el departamento Río Seco).
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley , aseguró que en Guanaco Muerto "el 120 por ciento de la población" tiene esos subsidios. Desde la delegación cordobesa del Ministerio de Desarrollo Social dijeron a LA NACION que en La Rinconada la situación es similar.
El esquema sigue el mismo patrón que publicó en septiembre pasado este diario cuando reveló que, según datos oficiales, en la Argentina se pagaban 1.037.931 pensiones no contributivas por invalidez, el equivalente al 2,58% de la población total y al 6,9% de la Económicamente Activa (PEA).
El modelo implicaba que gente de pueblos vecinos se trasladaban a los lugares donde era "más fácil" tramitar la pensión, lo que implicaba un centro de salud vinculado al poder político donde se simplificaba la obtención del certificado o profesionales dispuestos a firmar una discapacidad del 76% o más.
En Córdoba -donde en las últimas semanas se canceló el 4% de los beneficios- los mayores problemas se detectaron en Guanaco Muerto. Se trata de un poblado de unas pocas casas en dos manzanas y otras dispersas en la zona rural. Es una zona paupérrima casi desértica, en la que los pobladores que trabajan (la mayoría en "changas") van a Cruz del Eje, a 35 kilómetros.
Es toda una zona donde el Mal de Chagas es endémico y los certificados por esa enfermedad son los que, en su mayoría, se usan para tramitar las pensiones por discapacidad. Uno de los debates es que, con esa afección controlada, el nivel de incapacidad no alcanza al 76% exigido.
Según la Comisión de Pensiones se entregaron 480 subsidios por invalidez en ese paraje donde la población es de 320 habitantes conforme al censo 2010. Para Domingo Soria, jefe comunal desde hace 14 años por el peronismo, su último recuento marca 699 personas, con un ejido municipal de 40 kilómetros con muchos parajes dispersos, por lo que estima que en total son unas 1.400 personas.
"Hace dos años estuvieron auditores y nos mostraron padrones, los acompañamos a algunos parajes -dice a LA NACION-. Había mucha gente que ya no vivía en la zona y que ya estaba directamente jubilada. La gente se está yendo porque no hay futuro. Habría que pagarles para que se queden".
"Es un tema político. Estoy tranquilo con eso. Le hemos dado la pensión sólo a los que la necesitan", dijo en diálogo con Radio Mitre.
En La Rinconada -pueblo de similares características- la facilidad para conseguir la pensión hizo que habitantes de algunas poblaciones santiagueñas cercanas cambiaran de domicilio por un tiempo e hicieran el trámite.
Por ejemplo, en Ojo de Agua, ciudad santiagueña de unos 8000 habitantes en el límite con Córdoba, desde la Municipalidad estiman que en la última década se entregaron unas 3000 pensiones no contributivas, la mayoría por invalidez.
El ex intendente Rodolfo Capellini (peronista del Frente Cívico) reconoció a LA NACION que en su gestión -2006 al 2014, antes ocupó el cargo entre 1991 y 1995- se "trabajó fuerte" en esa área: "No soy nadie para negarme, si una persona tenía derecho a acceder, receptábamos la documentación y la mandábamos a un Centro de Referencia de Desarrollo Social; muchas volvían y muchas salieron".
En el diálogo admitió que "venían de departamentos vecinos y del norte cordobés, cambiaban el domicilio y cuando se pensionaban, volvían". Ante la observación de este diario de que se trata de una maniobra irregular, respondió: "No dependía de nosotros". Insistió en que una asistente social explicaba a la gente "en detalle los inconvenientes que podía tener al buscar empleo".
El año pasado, cuando el diario LA NACION publicó una nota sobre esta situación, desde el Ministerio de Desarrollo Social aseguraron que "se estuvo revisando todo; cada caso está firmado por el médico y un asistente social".
Después, desde distintas fuerzas políticas -incluido el oficialismo- dijeron que pedirían auditorías, informes y revisiones porque había evidencias de un manejo discrecional.
Fuente: La Nación.
