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Odebrecht

Investigarán al arrepentido que denunció a Arribas

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió abrir una investigación por presunto falso testimonio contra el "arrepentido" del Lava Jato en Brasil, Leonardo Meirelles.
22 de mayo de 2017 - 14:29 Por Redacción El Ancasti
El fiscal federal Jorge Di Lello pidió hoy abrir una investigación por presunto falso testimonio 
contra el "arrepentido" del Lava Jato en Brasil, Leonardo Meirelles, luego de que testificara por pagos ilegales contra el  titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo   Arribas.
 
Fuentes judiciales informaron que tras la denuncia de Arribas, el fiscal presentó un pedido al juez federal Sergio Torres para  que se investigue a Meirelles, uno de los primeros "arrepentidos" 
del Lava Jato en declarar ante la Justicia argentina.
 
La causa por "falso testimonio" y "cohecho" contra el operador brasileño fue luego de que declarara por primera vez en videoconferencia ante el fiscal Federico Delgado y el jefe de la 
Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodríguez.
 
Meirelles dio testimonio en una investigación sobre Odebrecht por el pago de sobreprecios y sobornos para acceder a una licitación para obras de Aysa en Zárate, en una planta potabilizadora.
 
Pero el "arrepentido" también se refirió a la situación de Arribas, a quien dijo haberle hecho diez transferencias por 850 mil dólares, algo que el funcionario negó.
 
Tras su declaración, Alejandro Pérez Chada, abogado del jefe de la AFI, denunció a Meirelles por falso testimonio.
 
"Señor juez, he dicho reiteradamente que Meirelles miente y que con su intervención no elegida por mí sólo he recibido una transferencia bancaria", recalcó Arribas, quien reconoce haber
recibido de Odebrecht un único pago, de 70.500 dólares, por la venta de bienes muebles.
 
Según señaló el funcionario, existe una "mendacidad con la que se ha pronunciado un condenado por la justicia penal de Brasil".
 
Si bien denunció solo a Meirelles, el jefe de la inteligencia aseguró que detrás de la declaración, la primera ante la Justicia argentina, estuvieron intereses de funcionarios públicos, aunque 
no precisó quiénes.
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