El juez federal Claudio Bonadio procesó al exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli y la exjefa de la Casa de la Moneda Katya Daura por defraudación a la administración pública por la contratación de una empresa para la impresión de un libro que nunca se hizo.
La causa se originó a partir de una denuncia que hicieron las actuales autoridades de la Casa de la Moneda: a partir de un inventario realizado por la Unidad de Auditoria interna se descubrió una gran cantidad de papel almacenado en los depósitos del organismo y del cual no se tenía conocimiento.
Según indicó la denuncia, la primera irregularidad consiste en que ese material tendría que haber sido cargado en el sistema informático durante la administración anterior, lo cual no se hizo.
El papel fue encontrado en el depósito de la planta de Retiro no era de uso habitual por parte de la Casa de la Moneda, con lo cual surgieron las sospechas en torno a la compra.
Finalmente, la auditoría reveló que a través de la licitación Pública 16/13 de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, entonces a cargo de Parrilli, se había dispuesto la impresión de libros a Sociedad del Estado Casa de Moneda (SEC).
La compra, se comprobó, fue a la empresa "Celulosa Argentina S.A." por lo cual se pagó con fondos públicos la suma de 2.500.000 de pesos a cambio del papel encontrado en la Planta de Retiro y en el depósito de la firma "Anselmo Morvillo S.A.".
El papel, según estableció la investigación, nunca se utilizó y hasta está en trámite un reclamo de 1.658.842 de pesos de la firma "Anselmo Morvillo S.A" a la Casa de la Moneda por haber alquilado un lugar para mantenerlo almacenado.
"Mediante el sondeo administrativo realizado se constató que nunca se realizó la entrega de libros, no recibiendo SECM intimación alguna por parte de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación con motivo de ese incumplimiento. Asimismo que se había percibido la suma de pesos ochocientos mil ($ 800.000) en concepto de anticipo del mencionado organismo del Poder Ejecutivo Nacional", sostuvo Bonadio.
El juez también procesó a Javier Alberto Grossman (exdirector de la Unidad Ejecutora Bicentenario) y otras dos personas por el delito de defraudación a la administración pública por administración abusiva o infiel y trabó embargos por 800 mil pesos a cada uno.
