Asimismo, se encomendó a la División Nacional de Auditoria de la Procuración la realización o de una auditoria para evaluar la actuación de los representantes del Estado Nacional.
Ademas de pedir la intervención de los abogados del Estado, el fiscal Rodriguez también impulsó una denuncia penal en base a la maniobra descripta por la fiscal General Gabriela Boquin en su apelación a la Camara Comercial, que -a su entender- podría configurar un intento de defraudación por administración infiel por parte de los funcionarios públicos intervinientes, porque a su criterio se "convalidaría un perjuicio patrimonial multimillonario".Rodriguez también sostuvo que deberá ser analizada bajo la posible comisión del delito de "tráfico de influencias" y posibles "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".
Fuente: La Nación