La diputada nacional electa Graciela Ocaña por Cambiemos fue imputada por presunta defraudación al Estado nacional debido al cobro de vacaciones no gozadas del PAMI en 2007.
martes 24 de marzo de 2026
La diputada nacional electa Graciela Ocaña por Cambiemos fue imputada por presunta defraudación al Estado nacional debido al cobro de vacaciones no gozadas del PAMI en 2007.
La fiscal federal Paloma Ochoa le requirió al juez Sebastián Ramos que investigue si la ex directora ejecutiva del PAMI perjudicó a las arcas del Estado nacional por haber cobrado la liquidación de más de $50.000 en concepto de vacaciones no gozadas, a pesar de que la Ley de Contrato de Trabajo no lo permitía.
La denuncia fue formulada propia fiscal Ochoa al extraer parte del testimonio de otro ex titular del PAMI, Luciano Di Cesare, de la causa en la que fue procesado por el mismo delito, pero por una suma superior al millón de pesos.
Durante su declaración indagatoria, Di Cesare había argumentado que todo -en relación con la liquidación de sus vacaciones no gozadas- se hizo según "usos y costumbres" del PAMI, y citó al caso de Ocaña como ejemplo.
"Resulta objeto de investigación en autos el presunto cobro fraudulento de $51.381 en concepto de liquidación de vacaciones no gozadas que María Graciela Ocaña, en su carácter de titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, solicitara y le fuera liquidado en perjuicio del Estado Nacional", sostuvo la fiscal.
Ochoa es la misma fiscal que intervino como representante del Ministerio Público en la causa en la que fue procesado Di Cesare por defraudación a las arcas públicas "a través de la liquidación ilegítima de vacaciones no gozadas" por los días trabajados entre 2004 y 2012 por $1.300.862.
El año pasado, el juez federal Ariel Lijo determinó que Di Cesare cometió el delito de "administración fraudulenta" en perjuicio del Estado nacional por más de un millón de pesos, al hacerse liquidar vacaciones no gozadas en el organismo sin tener derecho a su percepción.
La denuncia contra Di Cesare fue realizada por su sucesor, Carlos Regazzoni, quien en el comienzo de su gestión encontró el recibo de la liquidación de vacaciones no gozadas en favor de Di Cesare, trámite iniciado y finalizado el 9 de diciembre de 2015, un día antes de que dejara el cargo.