El diputado Julio De Vido recibió ayer otro procesamiento con prisión preventiva, esta vez en una causa en la que se lo investiga por el pago de presuntos sobreprecios en la compra de gas licuado entre 2008 y 2015; que se suma al de la causa por malversación de fondos públicos a través del Yacimiento Carbonífero Río Turbio, donde otro juez también pidió su desafuero e inmediata detención.
Ahora, la decisión fue del juez federal Claudio Bonadio, quien pidió a la Cámara de Diputados el desafuero del ex ministro de Planificación, quien además dispuso la "inmediata detención" de Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio y hombre de confianza de De Vido (Ver pág. 26)
En su fallo, Bonadio resolvió además trabar un embargo por $1.000 millones a cada uno y procesó al ex secretario de Energía, a Daniel Cameron, ex ministro de Obras Publicas durante el menemismo, y Roberto Dromi, quien intervino como asesor.
Los ex funcionarios están acusados de haber participado en una "maniobra defraudadoras llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado realizada durante los años 2008 a 2015, ambos inclusive, por el Ministerio de Planificación Federal", a través de la cual "se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado" de aproximadamente 6.995 millones de dólares, "pues el precio por el que se abonó fue superior a los valores de mercado", indicó el fallo.
A comienzos de mes, De Vido había presentado un escrito ante el Juzgado de Bonadio en el que había negado que se hubiera ocasionado una defraudación al Estado argentino con la compra de gas licuado durante su gestión para abastecer al mercado interno y pedido su sobreseimiento.
"La presente investigación adolece de falencias estructurales, consecuencia del evidente desconocimiento respecto del mercado del GNL a nivel tanto nacional como internacional", sostuvo el diputado en ese escrito, pues se negó a contestar preguntas del Juzgado.
En total fueron tres las denuncias hechas: dos de un abogado particular y otra de entonces opositores del PRO como el senador Federico Pinedo, la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso.
El desafuero de De Vido sería tratado el martes de la próxima semana en Diputados, y el oficialismo juntaría los votos necesarios.
