El juez federal Sebastián Casanello pedirá el mes próximo, vía exhorto, a las justicias de Estados Unidos, Suiza y Alemania, entre otras, que confirmen oficialmente los datos contenidos en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre el giro al exterior de 70 millones de dólares y movimientos financieros sospechosos entre socios de los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez.
De acuerdo a la versión, Casanello estudiará el nuevo informe que la UIF presentó en la causa abierta por una denuncia de la diputada Elisa Carrió por encubrimiento de lavado de dinero contra López, el presidente de Hipódromos Argentinos S.A. (HAPSA), Federico De Achaval, y la empresa offshore Val de Loire, constituidas en Las Vegas.
El informe de la UIF, afirma que el presidente de HAPSA "es el beneficiario final" de la offshore Val de Loire y no un inversor extranjero que llamaron Edmund Ward.
Sin embargo, voceros de De Achával insistieron en negar cualquier vinculación con esa empresa off shore.
Según el informe, el otro "beneficiario final es el presidente del Banco de Columbia Santiago Ardissone".
Se trata del hermano del vicepresidente de HAPSA, Guillermo Ardissone, y tiene vínculos con el dueño del Grupo Indalo, Cristóbal López.
De Achával también es "el beneficiario final" de los movimientos financieros depositados entre el 2007 y 2013 en cuentas del PKB Privatbank SA en Suiza y del Deutsche Bank AG de Alemania.
La Justicia sospecha que la mayoría del dinero girada como dividendos fueron, en realidad, "auto préstamos", aunque los voceros de De Achával afirmaron que él declaró ante la AFIP todos estos movimientos financieros.
Según el informe, después de sacar la plata proveniente de los tragamonedas del hipódromo de Palermo parte de los fondos de la offshore Val de Loire se depositaban en cuentas de Wheaton Corporation constituidas en el paraíso fiscal de Curazao.
