"Durante 2010 pasaron 25 mil menores de los cuales sólo retornaron 7 mil", agregó Carrizo. "Es decir que unos 18 mil niños bolivianos podrían estar trabajando en campos y talleres clandestinos en la Argentina, mientras que otros podrían haber tenido como destino la explotación sexual", denunció.
A partir de estos datos, la legisladora presentó un proyecto para crear una Agencia Nacional de Búsqueda de Personas, con personal con formación en Derechos Humanos y que funcione de manera descentralizada en el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Al mismo tiempo, la radical propone organizar un Sistema Federal de Búsqueda de Personas que trabaje con el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad a nivel federal, provincial y municipal.
