Así surge de un análisis sobre la base de decenas de planillas que le envió el año pasado el gobierno de Cristina Kirchner al Congreso, compendiadas bajo la denominada Cuenta de Inversión.
En los números revisados se descartaron las obras cuya construcción era superior al 80%, para quitar los casos en los que pudo haber habido un pago mayor del Estado para cancelar deudas atrasadas.
El desembolso anticipado de obras con escaso avance o que directamente no se hicieron es una de las principales irregularidades que detectó el gobierno de Mauricio Macri sobre la gestión anterior.
Por caso, una ruta hecha en la provincia de San Luis en los límites con Córdoba y Mendoza no muestra ningún tipo de avance, pero se le destinaron $ 74,54 millones en 2013 y otros $ 134,5 millones en 2014, hasta donde llegan los últimos datos disponibles.
En Córdoba, el denominado refuerzo de infraestructura en el corredor vial VIII no registró avances entre 2011 y 2014. Sin embargo, la contabilidad del Estado muestra que se transfirieron a esa tarea $ 23,9 millones en 2013 y poco más de $ 49 millones al año siguiente.
En La Pampa no se hizo ningún trabajo en el empalme de la ruta 10, pero se pagaron más de $ 5 millones, el 18% del costo total del proyecto. Otro tanto ocurrió en Formosa, donde se pusieron $ 2,14 millones para una mejora que no tuvo hasta 2014 avances.
En Santa Cruz, la provincia donde están puestas todas las miradas de la Justicia y de los auditores del Gobierno, un empalme de la ruta 40 con un presupuesto de $ 899 millones tuvo un avance de obra del 12%, pero las transferencias de fondos alcanzaron el 24% de los fondos previstos para esa tarea.
Hace dos semanas, el nuevo presidente de la DNV, Javier Iguacel, amplió en un escrito dirigido al juez Julián Ercolini la denuncia que había hecho contra López y otros funcionarios de esa cartera en abril pasado. Se comprometió a aportar pruebas y testigos que acreditan sobreprecios, adjudicaciones discrecionales y la emisión de "certificados y pagos de obra no ejecutada".
Allí se apuntan casos específicos que van en la misma dirección que sugieren los números analizados.
En la ruta 3, a la altura de Santa Cruz, se encontraron irregularidades y diferencias entre los montos por los que la obra fue contratada años atrás a Austral Construcciones, la nave insignia del empresario Lázaro Báez, hoy detenido, con las ofertas que recibió la DNV el mes pasado de otras empresas.
También en Santa Cruz, la licitación para la ampliación de la ruta 9 tuvo ofertas de Austral Construcciones, Kank y Costilla y Petersen. Las dos primeras pertenecen a Báez y la tercera, a la familia Eskenazi, los ex dueños de YPF que fueron desplazados de la compañía petrolera luego de la estatización de la empresa.
Una comisión de estudio y evaluación de la gestión kirchnerista descartó dos ofertas el mismo día de su creación y le dejó la obra servida en bandeja a Austral.
Dos semanas después de firmar el contrato, la compañía ganadora le pidió a la DNV un adelanto del 30% del valor total del contrato, algo que fue aprobado el mismo día de la solicitud. Cuarenta y ocho horas después, la empresa de Báez tenía la plata en su poder, algo muy inusual para una cartera que se caracterizaba por demorar los pagos a la mayor parte de las constructoras.
Fuente: La Nación.
