La diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió denunciará penalmente hoy a la presidenta Cristina Fernández, a la procuradora Alejandra Gils Carbó, al jefe del Ejército, César Milani, y al secretario general de la Presidencial, Aníbal Fernández, por el delito de "encubrimiento" en la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Según explicó la legisladora, la acusación también será por "inteligencia ilegal; atentado a la autoridad por estorbo al acto funcional; abuso de autoridad; omisión de denuncia; intromisiones graves en el desempeño del Poder Judicial; violación del principio constitucional de la división de poderes; y asociación ilícita para la comisión de estos delitos".
"Desde el Poder Ejecutivo se ha alterado de hecho el orden constitucional, mediante la implantación de pistas falsas en la investigación", asegura el escrito que será presentado este viernes con la firma de Carrió y del diputado Fernando Sánchez.
La dirigente opositora señaló que "debe investigarse la participación en el crimen del fiscal Nisman de una rama de la Policía Federal, a cargo de Fernández, la posible producción de pistas falsas por parte de los investigadores y la existencia de una 'zona liberada' propicia para el homicidio del fiscal".
"Pesa sobre la Procuradora General, la responsabilidad de no haber preservado la vida de uno de sus hombres, un fiscal de la Nación amenazado, tanto como la constante persecución de fiscales independientes y una inadmisible presión sobre la fiscal a cargo de la investigación de la muerte de Nisman,
Viviana Fein", sostuvo Carrió.
La amenaza a Bonadío
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió ayer que se investiguen las amenazas de muerte que recibió el juez Claudio Bonadío.
La amenaza fue hecha a través de letras recortadas de diarios: "Asís (por el escritor) tenía razón. La yegua dio la orden de matarlo también y cuide a su hijo. Alguien escuchó que le están armando una causa por drogas", indicó el mensaje.
Bonadío es el juez que interviene en la causa por presuntas irregularidades en la empresa Hotesur, de la que es socia la presidenta Cristina Fernández y por la cual se la investiga, lo que generó fuerte polémica a fin de año.
