El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), Sergio Micco, expresó este miércoles al presidente del país, Sebastián Piñera, su preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante estos días de protestas masivas en las calles de la nación.
Así lo explicó Micco a la prensa tras mantener una audiencia con el mandatario en el Palacio de La Moneda, en la que también participaron el ministro de Justicia, Hernán Larraín; la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren; y por el INDH, la jefa de la Región Metropolitana, Beatriz Contreras; y el jefe de la Unidad Jurídica, Rodrigo Bustos.
Micco le planteó también a Piñera la necesidad de tener acceso a la información sobre las vulneraciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, a lo que el mandatario accedió, según contó el representante del INDH.
Según testimonios recogidas por organismos de derechos humanos y medios de comunicación, muchas de las mujeres que han sido detenidas hasta el momento se encuentran desaparecidas. Además, las apresadas en Santiago de Chile fueron desnudadas delante del personal masculino, manoseadas en sus genitales y “les han metido la punta del fusil en la vagina mientras las amenazaban con violarlas y asesinarlas”, tal como surge de los testimonios recogidos por compañeras de detención.
La Comisión de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) expresó su preocupación por denuncias hechas al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre violencia sexual, desnudamientos forzados y torturas en el contexto de las detenciones de manifestantes. "Chile debe investigar y sancionar estos hechos con diligencia, así como la actuación policial y militar en las que se habría hecho uso desproporcionado de la fuerza contra civiles. El uso de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad", expresó la CIDH.
Según las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tras las jornadas de protestas del domingo hubo 2138 personas detenidas, entre ellas 243 niños, niñas y adolescentes y 407 mujeres. Nueve de ellas fueron desnudadas en procedimientos policiales, en hechos sucedidos entre las comunas de Santiago, Maipú, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Talca, Concepción, Valdivia, Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas. La mayoría acusó uso desmedido de la fuerza al momento de la detención, además de detenciones a niños y niñas, malos tratos, golpes en rostros y muslos, torturas y vejaciones sexuales, entre otras vulneraciones.
La abogada de Red Chilena Contra la Violencia hacia las mujeres Silvana del Valle explicó a El Desconcierto que "la violencia político-sexual ha sido un continuo en nuestro país y en toda la región durante las últimas décadas, dado que los aparatos policiales han sido educados para ser dispositivos patriarcales. Esto resuena durante la dictadura en Chile y en el periodo post dictatorial como una característica muy marcada de las policías".
En tanto, un grupo transversal de académicos de distintas ideologías exigieron a las autoridades poner fin al toque de queda y al Estado de Emergencia ante las lesiones y muertes propinadas por uniformados, además de pedir que los abogados garanticen el respeto de los derechos de los ciudadanos. Según informó La Tercera, 206 académicos, decanas y decanos, de las principales escuelas de derecho del país firmaron una carta titulada “ante la grave crisis política y social que vive Chile y las violaciones a los derechos humanos que se han producido”. El encabezado de la misiva dice: “Como profesoras y profesores de derecho de diversas facultades del país y de diversas posturas políticas no podemos guardar silencio ante la situación actual que vive nuestro país”. Acto seguido sostienen que condenan "las graves violaciones a los derechos humanos que se han constatado en diversos lugares del país. Hemos tenido noticia de hechos gravísimos que, con el transcurrir de los días, muestran patrones comunes".
Hacen un llamado también a los abogados y abogadas de todo el país a que informen a la ciudadanía sobre sus derechos y los medios para ejercerlos, y que asuman la representación gratuita y oportuna de quienes vean vulnerados sus derechos. “Señalamos que desde ya nos comprometemos a que ningún acto constitutivo de una violación a los derechos humanos quede impune", concluyeron.
