La peor crisis política de la democracia española afronta 24 horas dramáticas en las que el presidente catalán, Carles Puigdemont, decidirá si cede a amenazas y apelaciones de derecha e izquierda, o declara la independencia como le exigen sus aliados.
El último llamamiento a Puigdemont para que renunciase a la proclamación lo hizo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asegurando que ésta pondría en peligro "la cohesión social".
"Los resultados del 1 de octubre no pueden ser un aval para proclamar la independencia", dijo en una declaración institucional, solicitando al mismo tiempo al jefe de gobierno de español, Mariano Rajoy, que no suspenda la autonomía de Cataluña y que retire los refuerzos policiales enviados a la región.
El ejecutivo de Rajoy fue más allá: si Puigdemont sigue adelante "habrá que tomar medidas", advirtió la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, en declaraciones a la emisora de radio COPE. Y pidió a los independentistas "que no se tiren al precipicio".
Hoy, Puigdemont tendrá una primera oportunidad de proclamar la independencia en su comparecencia ante el Parlamento regional catalán -a las 16H00 GMT- tras el referéndum de autodeterminación prohibido del 1 de octubre. Según su ejecutivo en éste la secesión logró el 90% de los votos con una participación del 43%.
La última vez que un gobierno catalán declaró la independencia, en 1934, su presidente Lluís Companys acabó en la cárcel, un hecho que un dirigente del Partido Popular de Rajoy, Pablo Casado, le recordó a Puigdemont. La vicepresidenta eludió concretar si el gobierno aplicaría el artículo 155 de la Constitución española, que prevé la suspensión e intervención del gobierno regional catalán, pero deslizó que el Senado debería ser parte de la respuesta.
