Los anuncios de los ministros de Hacienda, Joaquim Levy, y de su colega de Planificación, Nelson Barbosa, el lunes por la tarde, sobre el nuevo paquete de ajuste, no alcanzaron a erradicar la volatilidad del dólar en Brasil. La cotización de la divisa volvió a trepar 1,18%, para cerrar en 3,86 reales. El episodio no justifica expresiones alarmistas, de aquellas que abundaron las últimas dos semanas, pero revela algunas desconfianzas sobre la capacidad del gobierno de Dilma Rousseff de llevar a buen término las medidas propuestas.
El hueso más duro de roer es, nuevamente, la Cámara de Diputados comandada por el inefable Eduardo Cunha, un ex legislador oficialista convertido en opositor por cuenta de las denuncias de corrupción que pesan sobre él. Esa institución deberá decidir sobre una de las partes más importantes del nuevo plan fiscal: la recreación de un impuesto que grava en 0,2% todas y cada una de las operaciones financieras, bancarias y de tarjetas de crédito realizadas por brasileños y residentes en el país.
Ese gravamen tiene un destino: abastecer el sistema de jubilaciones. Y lo que el Estado recibiría está en el orden de los 8.000 millones de dólares. Junto con la suba de las alícuotas de otros tributos y los 6.800 millones del recorte de gastos decidido el fin de semana, ese dinero debería servir no sólo para financiar el presupuesto de 2016 sino también para conseguir un ligero superávit primario.
