Fueron detenidos por este caso en el cantón de Zúrich el uruguayo Eugenio Figueredo, en su calidad de vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol y de la FIFA; el costarricense Eduardo Li, presidente de la Federación costarricense de fútbol; y el brasileño José María Marín, miembro ejecutivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
Asimismo, Julio Rocha, ex presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol y funcionario de la FIFA; y el venezolano Rafael Esquivel, presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela y miembro ejecutivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
Además, la policía suiza arrestó a los británicos Costar Takkas, ex secretario general de la Federación de Fútbol de Islas Caimán, y Jeffrey Webb, presidente de la Confederación de Fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe, y vicepresidente de la FIFA.
Para evitar el riesgo de colusión, los siete -desde ayer, seis- se encuentran en distintos lugares de reclusión de Suiza.
Todos ellos se encontraban en Zúrich a fines de marzo para participar en el Congreso anual de la FIFA y fueron arrestados por la Policía en una incursión a primera hora del día en el hotel donde se hospedaban.
Según informó la Oficina Federal de Justicia de Suiza, la persona que ya fue extraditada rechazó el procedimiento simplificado de extradición poco después de ser detenido, pero en una audición realizada la semana pasada cambió de posición y aceptó ser entregado a la Justicia de EEUU.
Una fiscalía de Nueva York acusa a ese detenido de haber recibido y guardado para él sobornos millonarios que le entregaron compañías a cambio de los derechos de comercialización de eventos futbolísticos, como campeonatos regionales y continentales en Norteamérica y Sudamérica.
Sus prácticas -según la acusación- causaron prejuicio financiero a dos confederaciones de la FIFA y a distintas asociaciones nacionales.
El pasado 1 de julio, el Gobierno estadounidense formalizó el pedido de extradición contra los siete dirigentes futbolísticos.
Si la extradición es aprobada por la Oficina Federal de Justicia en algunos o todos los casos restantes, los afectados tendrán dos instancias superiores de apelación, el Tribunal Penal Federal y, el máximo órgano de justicia de Suiza, el Tribunal Federal.
El procedimiento completo podría durar así hasta seis meses.