Al cumplirse ayer domingo siete meses de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, sus familias batallan por mantener la presión sobre el gobierno para que los encuentre a pesar de que el apoyo social en las calles se ha menguado.
El brutal ataque de policías corruptos de Iguala (Guerrero, sur) contra los jóvenes la noche del 26 de septiembre estremeció dentro y fuera de México y generó una ola de protestas como ninguna otra de las atrocidades cometidas en el marco de la llamada "guerra contra el narcotráfico".
Los familiares encabezaron contundentes protestas en Guerrero y, cada día 26, se han desplazado a la capital, donde miles de personas inundaban las calles para exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto que buscara a los jóvenes y castigara a todos los culpables.