El gobierno de Guatemala envió 600 policías al municipio San Juan Sacatepéquez, en el centro del país, donde ocho indígenas fueron asesinados entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, informó ayer el ministro de Gobernación (interior), Mauricio López Bonilla. El funcionario reveló que las autoridades analizaban las diversas hipótesis sobre cómo se produjo el hecho y no descartaban la posibilidad de declarar el estado de excepción en el lugar.
El incidente se produjo en una aldea en la que desde hace ocho años se registran periódicos disturbios vinculados con la oposición de 12 comunidades al funcionamiento de una empresa cementera, que ya dejaron al menos 26 muertos.
Según medios locales, se originó cuando un poblador mató a otro en medio de una discusión relacionada con el asunto de la cementera y un grupo de pobladores fue a buscar al victimario y también lo asesinó.
Siete de las víctimas ya habían sido identificadas y seis pertenecen a una misma familia que, según López Bonilla, había vendido tierras para ser utilizadas en el proyecto de la cementera.
