El procurador (fiscal) general de Justicia de México, Jesús Murillo, informó ayer que los 28 cadáveres hallados hace 10 días en cinco fosas clandestinas en las afueras de Iguala no pertenecen a ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos a fines de septiembre en ese municipio del estado sureño Guerrero.
Esos restos "no corresponden a los ADN de los familiares de estos jóvenes", aseguró Murillo en una conferencia de prensa.
Mientras tanto, el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, reveló que ayer lunes fueron detenidos el alcalde, el director de Seguridad Pública y 22 policías municipales de Cocula, distrito aledaño a Iguala, porque se sospecha que participaron del hecho que causó las 43 desapariciones.
Según Zerón, estos últimos detenidos -que elevaron a 50 la cantidad de personas privadas de libertad por el caso- confesaron que alteraron documentos relacionados con el operativo y entregaron a los estudiantes desaparecidos a miembros de la organización criminal Guerreros Unidos.
Por su lado, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, aseguró que 24 de los 50 detenidos confesaron su participación en esos hechos y reveló que 896 agentes federales participan de la búsqueda de los desaparecidos en el estado Guerrero.
Asimismo, el jefe de Guerreros Unidos, Benjamín Mondragón, alias El Benjamín, se suicidó esta madrugada al verse cercado por policías que procuraban detenerlo en Jiutepec, en el estado Morelos vecino a Guerrero, informaron fuentes no identificadas de la Comisión Nacional de Seguridad citadas por varios medios mexicanos.
El caso, que generó indignación en México y buena parte de la comunidad internacional, ocurrió en Iguala en la noche del 26 de septiembre pasado, cuando un grupo de alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa y otro de integrantes de un equipo infantil de fútbol fueron atacados por policías municipales y miembros de Guerreros Unidos, con un saldo de seis muertos, 24 heridos y 43 desaparecidos.
