Reto político en Bolivia

9 de agosto de 2008 - 00:00

LA PAZ - El gobierno de Evo Morales garantizó ayer mediante un conjunto de medidas la seguridad para los comicios de mañana en el referendo revocatorio mientras la oposición mantuvo sus críticas a la consulta y sus medidas de protesta y se mantiene la incertidumbre sobre qué pasará después.

Las dudas sobre la aceptación o no por parte de la oposición de los resultados del referendo revocatorio para el Presidente y ocho de los nueve prefectos generan incertidumbre y una tensa calma mientras se prepara todo para el comicio de mañana.

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Faltan 48 horas para que más de 4 millones de bolivianos decidan si acompañan al presidente Morales en los cambios políticos y económicos que lleva adelante desde hace dos años y medio y lo ratifiquen en su cargo o, por el contrario, votan a favor de la revocatoria de su mandato que se efectivizará sólo si el no obtiene un punto más que el 53,7 por ciento con el que fue electo.

En el Gobierno confían en que Evo Morales obtendrá cerca del 60 por ciento de los votos y que eso será el espaldarazo que servirá para dividir a la oposición, que deberá aceptar la voluntad popular, dijo a Télam una fuente oficial.

Por su parte, los ocho prefectos (gobernadores) que deben ir a las urnas para refrendar su mandato, continúan con sus medidas de fuerza y con una andanada de declaraciones en los medios de comunicación que llegan hasta pedir derrocar al Presidente.

Más allá de la suerte que les depare el voto popular, cada uno de los prefectos sabe que la decisión tomada por la Corte Nacional Electoral (CNE) de elevar al 50 por ciento más un voto negativo el límite para que sean revocados de sus mandatos, fue una concesión del Gobierno central para pacificar el país y por eso cuestionan igual el referendo.

El prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa descalificó ayer las medidas de seguridad tomadas por el Gobierno denominada auto de buen gobierno y reiteró ante los periodistas locales que nada ni nadie lo sacará de su cargo.

En tanto, los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas, de Beni, Ernesto Suárez y de Pando Leopoldo Fernández, siguen en huelga de hambre sumandos a la que mantienen referentes cívicos de Santa Cruz y de las otras prefecturas de la llamada media luna.

Allí sostuvieron ayer que no cumplirán con las medidas de seguridad anunciadas por el gobierno de no realizar reuniones políticas, entre otras, sino que levantarán la huelga para ir a votar el domingo acompañados por nuestros amigos de la prensa, según uno de los prefectos.

Así, adelantaron que continuarán con su huelga contra el impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) que es utilizado para pagar una jubilación a los mayores de 60 que quedaron excluidos del sistema previsional.