Corrupción en el gobierno de Lula

23 de mayo de 2007 - 00:00

Brasilia.- Una jueza del Superior Tribunal de Justicia de Brasil pidió ayer al ministro de Energía, Silas Rondeau, que deje su cargo para declarar como imputado en la causa por corrupción "Operación Navaja", mientras el presidente Luiz Lula Da Silva analizó con el funcionario su continuidad en el cargo.

En medio del escándalo, el presidente brasileño respaldó una investigación "a fondo" sobre su ministro de Energía, acusado por la Policía Federal de haber sido sobornado por una empresa constructora según el diario Folha de San Pablo y que reprodujo la agencia Ansa.

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Las averiguaciones deben proseguir "duelan a quien duelan", dijo el mandatario a un grupo de ministros reunidos ayer en el Palacio del Planalto.

El pedido de alejamiento del ministro Rondeau fue solicitado por la ministra Eliana Calmon, quien ayer continuó tomando declaración a los imputados.

Durante la jornada, Lula realizó varias consultas para decidir el futuro de Rondeau, y estuvo reunido por la tarde con el ministro en el Palacio del Planalto por casi una hora, sin que trascendiera el contenido del diálogo, que podría retomarse anoche, según fuentes allegadas citadas por la agencia Ansa.

Entre las obras cuestionadas y que pueden involucrar al ministro de Energía, se cuentan las previstas en el Programa de Aceleración de Obras y el de Luz Para todos, ambos llevados adelante por el Gobierno federal.

El ministro Rondeau está acusado por la Polícia Federal de recibir un soborno de 100 mil reales de la Construtora Gautama.

La continuidad del ministro en el gobierno o su alejamiento temporario podría quedar definida durante esta tarde, luego del encuentro que se espera Lula Da Silva mantenga con su ministro y con el ex presidente José Sarney, considerado el padrino político de Rodeau.

El mandatario se reunió ayer en Brasilia con sus principales asesores para enterarse de los detalles del llamado "Operativo Navaja", desencadenado el jueves pasado por la Policía Federal y que detuvo a casi medio centenar de políticos, funcionarios públicos, empresarios y ejecutivos acusados de formar parte de la red ilegal.