6 de diciembre de 2007 - 00:00
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Evo Morales quiere que el pueblo decida si se queda o no
La decisión llega después de que cuatro gobernadores opositores (los de las ricas provincias orientales de Santa Cruz, Tarija y Beni, más el gobernador de la provincia central de Cochabamba) emprendieran viaje a Estados Unidos para cumplir una maratónica agenda de denuncias anti Morales, en medios de comunicación y organismos internacionales, donde afirmaron que "peligra la democracia boliviana por las acciones totalitaristas del presidente".
Las autoridades derechistas entregaron una carta (con la firma añadida del gobernador de la provincia de Pando,) al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno Miguel Insulza, y al relator especial de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, pidiendo el envío de "misiones de observación" a Bolivia. "La OEA está para ayudar a resolver los problemas de los países, no para agitarlos", respondió cautelosamente Insulza, antes de conversar con otro frente, el gubernamental enviado por Morales, para contrarrestar las afirmaciones de la oposición.
"Si el Gobierno coincide con la presencia de alguna comisión de la OEA, estaremos ahí, siempre y cuando sea en búsqueda de acuerdos y reconciliación", apuntó Insulza, quien no quiso opinar sobre si la democracia en Bolivia está o no en riesgo, pero admitió que "hay crisis".
Morales respondió que "no se trata de quejarse internacionalmente, aquí se trata de someternos al sentimiento y a la conciencia del pueblo y que la comunidad internacional vea quienes son los antidemocráticos y los violentos".
Bolivia no logra superar la tensión política y social que polariza al país, tras la aprobación de la nueva Constitución impulsada por el oficialismo, en un recinto militar, protegido por policía y ejército, asediado por unos 6.000 manifestantes armados con dinamita y cócteles molotov. Durante los disturbios -saldados con 3 muertos y más de 130 heridos en la sureña ciudad de Sucre, sede de la Asamblea- el índice de la Carta Magna se votó apresuradamente, por un sí a mano alzada de 136 asambleístas oficialistas más sus aliados circunstanciales, y dos abstenciones, de un total de 255 miembros del cónclave, que se negaron a acudir a la sesión.
Queda aún la aprobación del texto en segunda instancia, es decir, artículo por artículo. Debe hacerse, como máximo, hasta el 14 de diciembre, pero el gobierno aún discute dónde reunir a los asambleístas, puesto que la ciudad de Sucre ya no ofrece garantías de seguridad, tras la batalla campal que enfrentó a opositores contra policías.
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