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Conflicto social en Oaxaca, México

29 de octubre de 2006 - 00:00
OAXACA- El gobierno del presidente Vicente Fox ordenó ayer la intervención de fuerzas federales en el Estado de Oaxaca para contener el conflicto social que el viernes generó cuatro nuevas muertes, y ante la llegada de unos 6.000 efectivos se temía que durante la noche se produjera una violenta irrupción en la ciudad para despejar el Zócalo donde se concentran los manifestantes.

La colonial ciudad de Oaxaca se encontraba esta tarde a las 19 (21 de argentina) en una tensa espera ante el inminente ingreso de las primeras fuerzas federales, al tiempo que dirigentes de Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) realizaban un llamado a "la resistencia" por los medios de comunicación que controlaban aunque la medida aún no tenía la ratificación de la asamblea.

La postura de los manifestantes se mantenía irreducible respecto de la salida del gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz.

Las tropas de la Policía Federal Preventiva (PFP) llegaban por tierra para aglutinarse en los poblados de Santiaguito Etla, Hacienda Blanca y Santa Rosa, a unos 50 kilómetros por la carretera México-Oaxaca, y otros efectivos lo hacían por vía aérea en varias aeronaves, tras lo cual tomaron el control del aeropuerto local, informó ANSA y los medios locales.

Distintas fuentes consultadas por Télam estimaban en unos 6.000 los miembros de las fuerzas federales ya apostados, y se temía para las primeras horas de la noche una irrupción violenta en la ciudad de no contarse con una pronta manifestación de las asambleas de contribuir a descomprimir al tensa situación.

La primera demostración de las fuerzas federales se produjo ayer a la mañana con los sobrevuelos de helicópteros de las fuerzas de seguridad sobre la capital del sureño estado, lo que terminó de definir el clima de una ciudad que se resistía a perder el color de miles de turistas recorriendo sus calles.

El principal objetivo de las fuerzas de intervención se anticipaba en el Zócalo de Oaxaca, la plaza central de la ciudad, donde se encuentran apostadas numerosas carpas de los manifestantes que reclaman la renuncia del gobernador Ulises Ruiz.

El gobierno mexicano también informó por la tarde que exigió a la APPO "la entrega inmediata de las calles, plazas, edificios públicos y bienes de la propiedad privada que se encuentran tomados por dicha organización" en la capital del Estado, para "garantizar el orden público y la vigencia de la ley".

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