El reclamo por las partidas para el comedor de la escuela de Antofagasta de la Sierra comenzó a madurar a partir de una falla administrativa del director del establecimiento, que no rindió a tiempo los gastos efectuados con el dinero que el Gobierno deposita en el marco del programa Pro Igualdad de Oportunidades (PIO).
El volumen que alcanzó el conflicto, con la toma de la escuela y piquetes de la comunidad educativa sobre la Ruta 43, se destaca por lo insólito en cuanto se profundiza en las cifras involucradas.
La Escuela 449 tiene alrededor de 120 alumnos. A razón de 900 pesos diarios por alumno para comprar los alimentos del comedor, lo que no rindió el directivo en un mes ronda los $2.500.000.
Un monto insignificante, que a partir de ahora, con el aumento de las partidas a $2.500 diarios por alumno, se irá a poco más de 6,6 millones, que tampoco representa una erogación desmesurada.
Por qué el director demoró en presentar las rendiciones, sabrá él. La cuestión parece ya resuelta, pero a su defección funcional le sumó haber dejado crecer una controversia que no tardó en sumar reclamos de otro tipo e irradió hacia el resto de la provincia.
Como se sabe, el Gobierno nacional desertó de la asistencia a los comedores escolares en el marco de la sacralización del superávit y el financiamiento quedó enteramente a cargo de la Provincia.
La escalada puneña tiene un responsable primario, que es el director de la escuela, pero las culpas políticas lo exceden.
El intendente Mario Cusipuma, por empezar, hizo más bien poco por atajarla. Eran apenas dos millones y medio de pesos que había que poner para pisar la polémica antes de que se extendiera.
Las autoridades del flamante Ministerio de Educación y Trabajo también durmieron, con el agravante de que se trató del primer conflicto que tenían que afrontar.
Para algo puede servir: fue una suerte de verificación de que los esquemas educativos requerirán algo más que ordenar recursos humanos. Educación es un área de altísima sensibilidad política.
La cuestión es que un inconveniente administrativo muy menor colocó a todo el Gobierno en una posición incómoda porque fallaron todas las instancias que tenían la posibilidad de resolverlo.
Dados los inconvenientes cortocircuitos burocráticos que quedaron al descubierto, el Gobierno decidió involucrar a las litíferas que operan en la Puna en el esquema de financiamiento de las escuelas, comedores incluidos.
Sería un aporte muy concreto para que los gigantes mineros demuestren algún compromiso con las comunidades de la región que tantos beneficios económicos les reporta, con un detalle significativo en tal sentido: no estaría contaminado por la presunción de que lo hacen con la sibilina intención de facilitar sus extracciones, como es en el caso de las rutas y la energía en las que ponen tanto énfasis.
¿Qué mejor que contribuir a la educación de las jóvenes generaciones puneñas? Tendrán que estar bien formadas para mantener la actividad en la región cuando el litio se termine.
Si bien se mira, la absoluta ausencia de las mineras en la crisis escolar antofagasteña es un elemento que debe sumarse al decepcionante desempeño de quienes tienen cargos pagos por el Estado y debían encontrarle la vuelta a asunto tan nimio.
Un indicio también de insensibilidad frente a los problemas de la comunidad en la que desarrollan sus lucrativas actividades.
O de ladina astucia para evitar que se les hagan reclamos en el futuro.