El sindicato Stvyara que conduce Graciela Aleñá denuncia persecución y vaciamiento.
En plena crisis por el deterioro de la red vial nacional y con miles de trabajadores bajo condiciones salariales congeladas, Vialidad Nacional decidió destinar 2,4 millones de dólares a un sistema de vigilancia satelital, reconocimiento facial e inteligencia artificial para monitorear a su personal. La contratación, que recayó sobre la empresa Elipgo, fue confirmada a El Destape por fuentes oficiales del organismo, y ha desatado un fuerte malestar entre los empleados.
El sistema, que se instalará en dos sedes del organismo —incluido el edificio central de la calle Julio A. Roca—, incluye la colocación de molinetes, 13 pantallas digitales y un servicio de monitoreo por 24 meses. La empresa proveedora, asociada en otros países con Starlink (de Elon Musk), fue la única que cumplió los requisitos en la licitación. Las críticas gremiales no se hicieron esperar: “Es una vigilanteada sin precedentes. En lugar de arreglar rutas, se dedican a espiar trabajadores”, denunció Graciela Aleñá, secretaria general del sindicato Stvyara.
Mientras se invierte en vigilancia, la red vial argentina se resiente. "En contraste con los más de 2000 proyectos ejecutados anualmente en gestiones anteriores, hoy sólo hay 60 obras activas, muchas financiadas por organismos internacionales y no por el Estado nacional", señalaron. A esto se suma la situación del personal: salarios congelados desde noviembre de 2024, despidos, recortes y un presupuesto que sigue siendo el mismo prorrogado del año anterior. Gremios denuncian sanciones a delegados sindicales por participar en asambleas, y desigualdades en las condiciones de los cargos gerenciales, quienes sí reciben aumentos y horas extras, a diferencia del resto del personal estable.
La polémica inversión de 2,4 millones de dólares, justificada en términos de «seguridad de última generación», contrasta con la ausencia de papel higiénico y de personal de limpieza en las oficinas. Para los trabajadores, se trata de una muestra más del vaciamiento institucional en favor del control y la vigilancia, y un nuevo síntoma de la parálisis de un organismo clave para la infraestructura nacional.
