Docentes del Instituto Superior de Arte y Comunicación redactaron un documento a través del cual reclaman estabilidad laboral, denuncian precariedad y exigen al Gobierno provincial un decreto de titularización. El texto del pronunciamiento es el siguiente:
Comienza el cuatrimestre. Antes de discutir bibliografía o planificar salidas de campo, docentes, estudiantes y equipos directivos miran otra cosa: si habrá continuidad de la carrera, si se cerrará la sección, si el próximo plan contempla o no el espacio, si los concursos “salen” o se vuelven a posponer. Esa incertidumbre, naturalizada en los IES de formación docente, artística y técnica de Catamarca, no es anecdótica: define qué educación superior tenemos y qué calidad es posible construir.
En los últimos años, el debate público sobre la “calidad educativa” creció al calor de los bajos resultados de las escuelas catamarqueñas en las pruebas nacionales Aprender. El uso público de esas cifras ha tendido a responsabilizar a la docencia, desatendiendo factores decisivos como condiciones de trabajo, financiamiento, infraestructura, vacancias y tiempos institucionales.
Se instala, además, un discurso tecnocrático que promete “calidad” por la vía rápida: bastaría con introducir plataformas, dispositivos y enfoques “innovadores” para mejorar resultados por sí mismos. Es un espejismo. Sin estabilidad, tiempos institucionales, equipos consolidados y financiamiento sostenido, la tecnología deviene marketing y la innovación, eslogan. Peor aún: ese relato suele venir acompañado de políticas de corte neoliberal que buscan el “déficit cero” a fuerza de ajuste y desfinanciamiento, trasladando recursos al sector empresarial mientras generan una deuda social que pone en riesgo derechos básicos —entre ellos, el derecho a la educación superior en todo el territorio.
La pregunta urgente es en qué condiciones estamos formando a quienes formarán a las nuevas generaciones. El punto es crucial para el desarrollo provincial: de los IES no sólo egresan docentes, sino también técnicos, profesionales de la salud, del sector tecnológico-productivo, del arte y la cultura.
Condiciones del trabajo docente: ¿privilegio o derecho?
En ámbitos administrativos circula un discurso moralizante que, bajo la escasez, confunde privilegios con derechos laborales y tilda de “inmoral” la defensa de la estabilidad docente. Ese discurso, que busca instalar la idea de que reclamar estabilidad es un privilegio, invisibiliza lo central: titularizar a docentes interinos no es un beneficio sectorial, sino una política pública para garantizar el derecho a la educación superior y fortalecer al Estado en el territorio.
La docencia con años de trayectoria sabe que el Nivel Superior se sostiene en condiciones de precariedad: salarios insuficientes, fragmentación horaria, itinerancia entre múltiples instituciones y escaso reconocimiento de tareas que hacen a la vida institucional —tutorías, acompañamiento de trayectorias, coordinación de prácticas, armado de proyectos, actualización curricular, inserción territorial—.
A esto se suma un dato grave: hoy buena parte de la docencia está colaborando ad honorem en la elaboración de los nuevos planes de estudio, cuya implementación el próximo año amenaza con empujar al desempleo a muchos de quienes sostienen esas mismas funciones, porque la Dirección de Educación Superior carece de equipos técnicos propios. El problema no es solo de financiamiento, sino también de gobernanza. La mayoría de los Consejos Directivos y Centros de Estudiantes lleva años sin funcionar o directamente no existe, incluso en institutos intervenidos por la DES. Sin esos espacios, la vida institucional se vuelve opaca: se concentran decisiones, se diluyen responsabilidades y las reformas educativas se imponen sin deliberación pública.
En ese marco, la afirmación de la ministra de Trabajo, Verónica Soria, de que “solo a través de los gremios” se canalizan los planteos agrega un cerrojo: limita el derecho a peticionar y mezcla la paritaria salarial con una política de Estado. La titularización está prevista en el Estatuto del Docente con periodicidad; en la provincia no se concreta desde hace más de diez años. De allí la necesidad de que el Ejecutivo la instrumente con definición política, coordinación interministerial y un cronograma público de implementación.
La feminización del sistema vuelve la situación más urgente: en carreras docentes y técnicas, la mayoría del plantel está compuesta por mujeres —muchas, jefas de hogar— que combinan trabajo académico y tareas de cuidado. La inestabilidad laboral agrava las brechas de género y dificulta proyectar un futuro con derechos.
Por qué la titularización es condición de calidad
La estabilidad permite ordenar el sistema y asignar estratégicamente las horas disponibles a funciones necesarias: cubrir cátedras vacantes, coordinar trayectos y prácticas, realizar tutorías y acompañamiento académico, gestionar información institucional, participar en evaluaciones y actualizar planes de estudio. De ese modo, se evita que los recursos humanos especializados se pierdan en desplazamientos hacia otros niveles o queden librados a coyunturas. Con planteles estables, los institutos pueden planificar a mediano plazo, proyectar cohortes, asegurar la continuidad docente y consolidar equipos pedagógicos que garanticen un hilo formativo entre ingreso y egreso.
La estabilidad no solo mejora la organización académica: dignifica el trabajo, reduce el multiempleo y ofrece tiempo real para preparar clases, coordinar entre cátedras y evaluarcon seriedad. Profesionaliza la carrera docente con concursos previsibles y hace trazables las decisiones con información accesible. En suma, la titularización convierte en política pública lo que hoy se sostiene por vocación y esfuerzo individual. La estabilidad docente tiene sustento normativo y jurisprudencial: el Estatuto del Docente la prevé y en 2014 la Corte de Justicia provincial incorporó a los últimos titulares del nivel. En paralelo, varias jurisdicciones (Tucumán, Chaco, Mendoza, San Luis, CABA y PBA) avanzan con titularizaciones por motivos equivalentes, lo que refuerza la necesidad de ordenar el sistema también en Catamarca.
Con estas decisiones, los gobiernos no solo resuelven un problema laboral en un contexto de crisis económica y política nacional: ordenan el sistema y aseguran que la calidad educativa sea una realidad.
Lo que dejó la reunión con el ministro de Educación
La semana pasada, un grupo de docentes del Nivel Superior fue recibido por el ministro de Educación de la provincia. En un primer momento se les informó que sólo podrían ingresar cinco representantes. Tras la insistencia del colectivo, se permitió la entrada de algunos más, aunque con una condición inusual: quienes ingresaran debían dejar sus celulares en una caja, bajo amenaza de no poder participar de la reunión.
La presión provino de personas que se presentaron como secretaria personal y área de prensa del ministro. Ante la inquietud expresada, el propio funcionario se limitó a señalar que se trataba de un “protocolo”. Esta situación generó profunda preocupación, porque restringió la transparencia y condicionó el derecho a la participación docente en un espacio clave para discutir el presente y el futuro del Nivel Superior.
A pesar de los reiterados pedidos para conocer la posición oficial respecto a la titularización de los docentes de este nivel, la sensación general fue que el ministro eludió dar una respuesta concreta. Incluso manifestó no haber tomado conocimiento del petitorio presentado la semana anterior con más de 500 firmas, lo que sumó malestar entre los presentes.
En ese marco, la secretaria de Educación sumó otro obstáculo al señalar que muchos docentes de carreras discontinuadas “siguen cobrando sin realizar funciones porque no se los puede ubicar”.
Ese planteo, que reduce la discusión a una cuestión de “mayor erogación”, omite lo esencial: es el propio Estado el que, en lugar de reubicar esas horas en nuevas carreras y funciones necesarias, las mantiene en un limbo administrativo.La falta de planificación, concursos postergados y ausencia de cruces de datos entre disponibilidad y necesidades reales son responsabilidades de la gestión, no de la docencia.
Convertir esa desorganización en un argumento contra la titularización refuerza la precariedad en lugar de resolverla con reglas claras y políticas de estabilidad. Durante la reunión, el ministro afirmó que “la Constitución Nacional no garantiza la estabilidad laboral, sino el derecho a trabajar”. La frase resulta preocupante no solo por su contenido, sino también porque fue pronunciada por un equipo de gestión integrado en buena parte por perfiles jurídicos sin trayectoria en el campo educativo. El artículo 14 bis de la
Constitución establece de manera expresa la estabilidad del empleo público —también aplicable a la docencia de gestión estatal—. Negar esa garantía no es un desliz: es una estrategia para justificar la falta de titularización en el Nivel Superior bajo el argumento de que las carreras son “a término”.
Un llamamiento al Gobierno provincial
Ante este panorama, los docentes del Nivel Superior reclaman al gobernador Jalil que dicte un decreto de titularización extraordinaria para interinos -cargos a los que se ha accedido por concurso de oposición y antecedentes- con antigüedad y desempeño comprobables en el cargo.
No se trata de pedir eslóganes de innovación, sino de establecer reglas claras sobre una base estable. La provincia no puede hipotecar el presente y el futuro de sus estudiantes subordinándose a la lógica del ajuste. La estabilidad laboral, la inversión y la gobernanza democrática son condiciones imprescindibles para que el Nivel Superior cumpla su misión de formar docentes, técnicos, profesionales de la salud y de la cultura.
Por estas razones, los docentes de todos los IES de la provincia se están organizando para manifestar públicamente su reclamo y exigir una reunión con el gobernador, en busca de respuestas concretas que garanticen estabilidad laboral y el derecho a la educación superior en Catamarca.
Esta organización surge en un escenario aún más complejo: al silencio de los gremios se suma la falta de Consejos en los IES, órganos donde deberían expresarse las posturas de los distintos claustros. Sin esos canales de deliberación, la voz de la docencia no encuentra cauce dentro de las instituciones y, tras más de una década sin respuestas, terminará sacudiendo las calles.
