En la jornada de ayer se firmó un acuerdo interinstitucional sobre las perspectivas y orientaciones para el abordaje de personas con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático, entre la Corte de Justicia de Catamarca y los Ministerios de Salud, Seguridad y Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia. Para la rúbrica del mismo, la Corte de Justicia estuvo representada por su presidente Miguel Figueroa Vicario, junto a la Ministra de Salud Manuela Ávila, la Ministra de Seguridad Fabiola Segura y por parte del Ministerio de Desarrollo Social, representada por la directora de Familia Soledad Sandoval.
Acuerdo de cooperación entre Justicia, Salud, Seguridad y Desarrollo Social
Estos acuerdos pretenden establecer las herramientas para encaminar las intervenciones de las personas con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático de sustancias, resaltando que el acceso a los servicios en salud mental, incorporen prácticas de cuidado y de promoción de la salud, constituyéndose esto en una oportunidad para su mejoramiento e inclusión social.
Históricamente se instaura como competencia de los Servicios de Salud y Salud Mental y Adicciones la “intervención y resolución” de situaciones de urgencia y asistencia integral ante este tipo de situaciones. De esta forma, y conociéndose las dificultades de su resolución ante la complejidad de las demandas, se pretende instaurar las mencionadas articulaciones intersectoriales.
La base de este acuerdo pretende unificar criterios y desarrollar instrumentos efectivos ante situaciones de vulneración de derechos, para dar respuestas cada vez más oportunas y eficaces; cimentados en un abordaje integral, desde la perspectiva social, con un enfoque de modelo comunitario y epidemiológico de abordaje en salud mental.
Se busca, garantizar que todas las intervenciones sean orientadas dentro de los marcos normativos incluidos e implementar un modelo comunitario de salud mental con enfoque en los derechos humanos basado en la equidad, en la ética y en la salud pública, mediante la prevención, promoción, tratamiento y recuperación de las personas, con una inclusión habitacional y laboral efectiva restitutiva de derecho y con perspectiva de derechos.