La presencia de las drogas en los episodios delictivos ha ido escalando en los últimos años y este vínculo tan estrecho construyó un rocoso murallón que, de momento, ha resultado infranqueable para el Estado que no ha sabido prevenir ni reaccionar pese a la tendencia que se avizoraba en otras urbes del país.
“La droga en Catamarca nos viene superando”. En una entrevista con El Ancasti en enero del 2009, el fiscal Federal, Santos Reynoso, ya había encendido las alarmas. “En la década del 90, Catamarca dejó de ser una zona de paso de la droga, para convertirse en una zona de alto consumo, alto tráfico, y de importante producción, sobre todo de marihuana”. Pese a la advertencia del magistrado la situación no fue mitigada. El cuadro empeoró e ingresó a terapia intensiva. Tan solo dos meses después de las declaraciones de Reynoso, Drogas Peligrosas allanó dos viviendas en la que funcionaba una “cocina” de cocaína. Era la primera vez que en la provincia se efectuaba un hallazgo de ese tipo. En la casa en donde vivía una pareja y su pequeño hijo se secuestró un kilo y medio de pasta base de cocaína, “paco” y en otra casilla más apartada, edificada tras el sismo del 7 de setiembre de 2004, se había montado el “laboratorio”.
En este procedimiento y en otros realizados posteriormente se descubrió el rol de un nuevo actor dentro del mapa delictivo: el ciudadano sin antecedentes penales, con escasos recursos, y que era tentado por un sujeto, que entre las sombras, lo acercaba al negocio. Por lo general, esta persona que hacía de intermediario no tenía prontuario por narcotráfico, pero sí por otros delitos comunes y se inclinó a la comercialización de estupefacientes al encontrarlo más redituable.
El otro eslabón imprescindible para que el circuito no se interrumpa es el del adicto. “El delivery hoy te la invita y cuando agarraste la adicción te dice: Ahora te la vendo”, aseguran desde la Policía. El próximo paso es la desesperación de ese sujeto quien al no tener el dinero para poder comprar comienza a vender o trocar sus pertenencias a cambio de más estupefacientes. Sin nada más que desprenderse comienza a apoderarse de objetos de valor de su casa. Cuando ya no hay objetos de valor en su casa es cuando intenta “ganar la calle” e incurre en los arrebatos, los robos domiciliarios.
En el peor de los casos, la persona adicta ya no solo actúa con desprecio hacia su vida y la de su familia, sino contra terceros, como el caso de la docente Fabiana Aranguez, brutalmente asesinada por Darío Castro, quien meses más tarde se quitaría la vida en su celda del Penal de Miraflores. En ese orden también aparecen los dos homicidios perpetrados por Damián “Bebe” Cano, primero a la psicóloga María Eugenia Roja, y luego a Susana Aguilar, y más cercano el homicidio del pediatra Ignacio Burchakchi, ultimado por los primos Sofía y Marcos Beltramello. En todos estos resonantes casos el factor común fue la drogadependencia.
Vulnerabilidad
Un denominador común desde hace más de un lustro es la utilización de la mujer en la venta y el transporte de drogas. Un fallo de 2015 del Tribunal Federal local había argumentado que “en América Latina las circunstancias socio-económicas constituyen la principal motivación por la cual las mujeres ‘eligen’ cometer una actividad penada. La región tiene el índice más alto de desigualdad económica del mundo y un alto porcentaje de la población que vive en pobreza e indigencia en la región son mujeres”. El fallo en cuestión había sido dictado contra dos ciudadanas bolivianas que habían actuado como “mulas” en el 2015 y a las que se les impuso una pena –4 años- por debajo al mínimo contemplado para el “transporte de estupefacientes”.
Un caso testigo del fracaso rotundo de las políticas estatales para proteger a los chicos con problemas de adicción es la historia de “Santino”, o “el niño que cada vez que consumía soñaba con juguetes”.
Desde sus cortos ocho años comenzó a consumir. Primero fue pegamento, luego marihuana hasta que llegó a los psicofármacos. Su entrada a la adolescencia estuvo enmarcada por sus primeras caídas en las comisarías, pero debido a su edad no podía ser punible. Desde la Justicia de Menores entendieron que el encierro agravaría su delicada situación por lo que dictaron el primer fallo sobre la necesidad urgente de intervención y compromiso del Estado para su protección. No obstante, el Sistema lo descuidó y continuó con sus apariciones en comisarías por intentos de robo, hurtos con el único fin de poder obtener dinero para seguir con su adicción.
Un cambio brusco
El escenario social ha sufrido alteraciones notables producidas por la influencia de factores que demostraron la falta de reflejos y de acción por parte del Estado.
Por un lado, familias desesperadas por su situación de pobreza y marginalidad que encuentran en el narcomenudeo un modo de vida. Adolescentes, sin cobijo familiar, desprotegidos por el sistema y que ingresan fácilmente en el circuito nocivo y que desde temprana edad son judicializados.
Por el otro lado, un sistema que no brinda la contención suficiente y que se dispersa en anuncios y maniobras burocráticas.
Mientras no exista una planificación con políticas de prevención y de represión destinadas a atacar de raíz este flagelo, su escalada no se detendrá.
