La polémica medida que tomaron las autoridades del colegio María Montessori el pasado jueves, cuando no se les permitió el ingreso a los chicos que adeudaban cuotas, tuvo un importante impacto en distintas áreas de Gobierno. Si bien, la Dirección de Gestión Privada del Ministerio de Educación de la Provincia tomó intervención, desde la delegación local del INADI y la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia remarcaron que este organismo tiene competencia y jurisdicción para tomar todas las medidas pertinentes.
Ernesto Castrelos, director de Derechos Humanos, explicó que es competencia de una dirección específica –en este caso de Gestión Privada- que va a tomar la decisión definitiva si corresponde o no. El análisis de lo que corresponde debe hacerse en el ámbito de la dirección que corresponde, apuntó. "Sería poco apropiado sin tener ‘prima facie’ de todos los elementos para hacer una valoración”, consideró.
Por su parte, Carolina Lobo, asesora legal de la delegación local del Instituto Nacional contra la Discriminación, Racismo y Xenofobia (INADI), comentó que este organismo tiene dos procedimientos de trabajo: uno es de oficio y el otro es efectivamente por el pedido que efectúa una persona que entiende o que sufrió discriminación. En el caso del colegio María Montessori, indicó, se entiende que existen dos niveles previos que deben actuar. Uno de ellos es la Dirección de Gestión Privada y la otra es la Dirección de Derechos Humanos, precisó.
"Si por parte de este organismo se observa que estos dos organismos provinciales no intervienen, se habría tomado la decisión de actuar de oficio. La Dirección de Derechos Humanos tiene que actuar en relación con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se vio vulnerado. Esta delegación entiende que es la Provincia la que tiene jurisdicción y competencia. Si bien es cierto que podemos intervenir de oficio, actuar como un refuerzo, desde la delegación se invita a los padres a efectuar la denuncia. Nosotros no vamos a discutir si tiene el derecho o no a cobrar la cuota, lo que no se discute es que la escuela no puede actuar de la manera que actuó y dejar a los niños y adolescentes, como se los dejó, en la vereda, más allá de la hora que fuera. Estamos en época invernal. Si empezamos a perder el respeto, uno a otro, qué nos queda”, consideró.
Según la asesora legal, el INADI está expectante en cuanto a la intervención de la Dirección de Gestión Privada. También consideró que aunque el establecimiento tiene el derecho a reclamar el pago de la cuota
Correspondiente, el hecho de dejar a los chicos en la calle no fue el modo correcto. "No lo vemos como correcto; es más, nos preocupa”, expresó. Para Lobo, se podían haber tomado otras medidas.
En cuanto a la posibilidad de aplicar sanciones, la asesora aclaró que el INADI no sanciona, no ejerce medidas coercitivas, no tiene el poder de policía, no multa. Sin embargo, el INADI emite una decisión en la que considera que la acción tomada es discriminativa, advirtió. "De este modo, se abre la posibilidad para los representantes legales de las personas que se vieron discriminadas para que puedan continuar acciones legales por las vías pertinentes. Se pueden reclamar sanciones por otra vía administrativa, si le llegara a corresponder el caso”, precisó.
‘Derecho de admisión’Además, la asesora legal del INADI opinó que se puede llegar a analizar y debatir qué hacer si los padres no pagan o si la escuela es privada. No obstante, aclaró que en cuanto al ‘derecho de admisión’ en las escuelas, hay una confusión. "Tenemos que dejar de lado que las escuelas privadas pueden o no aceptar a los chicos, de acuerdo con el derecho de admisión. Eso no se discute más. La Convención de los Derechos del Niño es clarísima; en Argentina hay legislación y las reglamentaciones que son los estandartes propios de cada organismo que hacen dejar de lado el derecho de admisión. El niño tiene derecho a la Educación”, sostuvo. En este caso, el pago de las cuotas es responsabilidad de los padres, pero la escuela sancionó a los chicos.
