sábado 2 de mayo de 2026
se habrían violados derechos de los alumnos

Por no tener cuotas al día, alumnos quedaron en la calle

Las autoridades del Colegio María Montessori tomaron esta polémica decisión. Hubo reclamos de padres y tutores.

Por Redacción El Ancasti
El acceso a la educación es uno de los derechos fundamentales que tienen los niños, niñas y adolescentes, el cual está estipulado en la Convención de los Derechos del Niño y en demás normativa vigente a nivel nacional y provincial. Ayer, en el populoso barrio de Villa Cubas, unos 30 alumnos que asisten al Colegio María Montessori no pudieron ingresar a clases. Las autoridades de este establecimiento educativo habían tomado la polémica decisión de no permitirles la entrada a los que adeudaban cuotas. Por esta decisión de las autoridades de esta unidad escolar, un grupo de chicos permaneció afuera, a la intemperie, y expuestos a distintos peligros que se presentan en la calle, más allá de la situación incómoda que les tocó afrontar a padres y alumnos.

Por su parte, Fabián Herrera, director de Gestión Privada del Ministerio de Educación, comentó que había tomado conocimiento de esta situación en las primeras horas. Previamente, contó que un supervisor de nivel secundario se comunicó con la representante legal, Rita Barrionuevo, para aclararle que por ningún motivo, menos por deudas pendientes en lo que respecta al pago de aranceles, podía dejar a los alumnos sin la trayectoria escolar. "En todo caso, si había una parte del contrato educativo que los papás firman con la institución al que no se daba cumplimiento, debe ser tratado de la forma correspondiente. El alumno no debe verse afectado en cuanto al ingreso al establecimiento y el desarrollo del cursado normal de las clases”, explicó.

El funcionario informó que la representante legal de este establecimiento le había confirmado que la situación se había subsanado, al mismo tiempo que le contaba que había tenido un inconveniente con un tutor de los chicos a quienes se les había negado el ingreso al local escolar.  

"Se dejó en claro que más allá de que hubiera alguna cuestión pendiente en cuanto al cumplimiento de la parte contractual por parte de los papás para con la institución, no se tendría que haber afectado el cursado de los alumnos. De todos modos, se debe realizar un informe correspondiente”, dijo el funcionario.

También explicó que se tiene que analizar, en primera instancia, sobre cómo fue el manejo de la situación, y si es que estuvieron afectados los derechos de los alumnos. "Si realmente se afectó a los alumnos en su derecho a la trayectoria educativa, tenemos que ver si corresponde algún tipo de medida o de sanción para la institución. Nos falta tener todos los elementos necesarios para poder concluir si existió y en qué grado y cómo se resolvió. La política educativa a nivel nacional y provincial promueve el derecho a la trayectoria educativa y a la inclusión educativa como tal. Los establecimientos de gestión privada, de algún modo gozan de un antecedente o prerrogativa de lo que se llama derecho de admisión, siempre y cuando este derecho no atente contra los derechos que asisten a los educandos, la institución lo puede ejercer. Tenemos que recabar todos los hechos, porque independientemente de ser una institución privada, no puede estar al margen de la normativa vigente”, advirtió.
 
Un derecho vulnerado
Por su parte, Rita Barrionuevo, representante legal del Colegio María Montessori, explicó a través de medios radiales que la medida se debía a un atraso en el pago de las cuotas.
 
Según Barrionuevo, los padres habían sido notificados de las deudas, pero no concurrieron a regularizar la situación. La mayoría de estos chicos habían llegado solos al establecimiento, sin compañía de padres o tutores. Ante esta situación, algunos padres manifestaron su enojo por la decisión tomada. Consideraron que los chicos no debían responder por una responsabilidad como es el pago de las cuotas, que compete a los padres.
 
Las disposiciones de la Ley Provincial 5.357 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes están previstas para todos sin discriminación alguna, independientemente de su raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, prácticas o creencias culturales, situación de la familia,  posición económica, impedimentos físicos o psíquicos, opinión política o de otra índole, entre otras cuestiones.
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