En busca de reconstruir la trama de la mesa judicial, sus protagonistas y el armado de causas contra sindicalistas, conocido como Gestapo sindical, el juez Ernesto Kreplak le pidió a la gobernación de la provincia de Buenos Aires y a los ministerios de Justicia, Trabajo e Infraestructura locales que entreguen correos electrónicos y agendas de 2017 (en papel o digitales) de la exgobernadora de María Eugenia Vidal, el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi, y los exministros Marcelo Villegas y Roberto Gigante.
La medida se suma a los entrecruzamientos de llamadas ya ordenados sobre las mismas personas y el resto de los presentes en la reunión del Banco Provincia el 15 de junio de 2017 --donde Villegas dijo que deseaba tener una "Gestapo" para "terminar con los gremios"-- además de sus visitas a la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La físcalía, además, rechazó este martes un intento de llevar la causa a Comodoro Py.
Hasta ahora el juez Kreplak recibió los números de teléfono utilizados por la mayoría de los imputados y la notificación de que fueron identificadas algunas de la computadoras que utilizaban, aunque no todas. Fue ubicada, por ejemplo, la de la exgobernadora Vidal, pero no aún la de Grassi. De todos modos, la nueva medida que ordenó tiene un pedido de acceso a los servidores y a la nube, para poder dar con las agendas de los exfuncionarios y cualquier documentación vinculada con sus actividades en 2017, así como sobre el contenido de los correos electrónicos que utlizaban.
La pericia sobre los celulares y dispositivos que ya fueron secuestrados, está encaminada. Será clave el cruce de toda la información con las reuniones mantenidas y el devenir de las causas judiciales, por ahora referidas al dirigente de la Uocra, Juan Pablo "Pata" Medina, sobre cuyo caso se habló expresamente en el encuentro en el Bapro. La primera denuncia fue quince días después. Su detención, el 26 de septiembre.
Actividades dudosas
La lista de ingresos a la AFI entregada por el organismo a la justicia, da una buena pauta de las actividades dudosas de los exfuncionarios provinciales: las visitas del exministro de Trabajo, Villegas, del de Justicia, Gustavo Ferrari, de su subsecretario, Grassi, y del intendente de La Plata Julio Garro al organismo, y en algunos casos a sus exdirectivos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, son sugestivas. También hay coincidencias en la Casa Rosada, y en fechas claves vinculadas con las Gestapo antisindical. Tanto ellos como el resto de la mesa, lo que incluye a empresarios de la construcción, al exministro de Infraestructura, Gigante, y a los exespías, están imputados por "la supuesta organización de una estrategia elaborada por el gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la ciudad de La Plata".
Este lunes, además, la fiscala de la causa Ana Russo, firmó un dictamen donde le pide al juez que rechace un planteo del ex director de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Juan Sebastián de Stéfano, para que la investigación sobre la Gestapo antisindical tramite en Comodoro Py. El exagente decía que Medina ya había hecho un adenuncia en los tribunales de Retiro en 2019 por el armado de causas en su contra en base a información publicada por el periodista Hugo Alconada Mon sobre la reunión en el Bapro. El expediente existe y nunca avanzó. Estuvo en manos del exjuez Rodolfo Canicoba Corral junto con el fiscal Carlos Stornelli. El dirigente denunció a Stornelli por encubrimiento después de la aparición del video.
