El 25 y 26 de agosto, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA, autoridades de los poderes ejecutivos nacionales y provinciales, jueces, fiscales, defensores, organizaciones civiles y expertos de todo el país debatieron sobre un nuevo régimen para chicos infractores.
Con la idea de cambiar el actual Decreto Ley 22.278 del Régimen Penal de la Minoridad –que entró en vigencia en agosto de 1.980, en pleno período de facto-, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y UNICEF convocaron a diversos operadores de este sistema de distintos puntos del país, a participar del primer encuentro del Ciclo de Diálogo Federal "Hacia una nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil”. La actividad se desarrolló entre el 25 y 26 de agosto último, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Catamarca también participó y fue representada por los magistrados del fuero penal juvenil provincial, Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito.
Revista Express fue invitada por UNICEF para cubrir esta actividad. Los ejes de trabajo, tanto de los paneles como de las mesas de debate fueron: Sistema especializado en Justicia Penal Juvenil; Medidas alternativas al proceso judicial; Medidas alternativas a la privación de la libertad como regla y no como excepción; Delitos y "sanciones” especializadas acorde a los estándares internacionales y nacionales en materia de niñez y adolescencia; Centros de privación de la libertad (estructuración conforme a estándares internacionales, monitoreo frecuente e independiente) y Discusión sobre la edad de imputabilidad.
La normativa argentina actual no resulta compatible con la Convención sobre los Derechos del Niño ni con los estándares internacionales en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con el Régimen Penal de la Minoridad vigente, entre los 16 y los 18 años de edad los adolescentes son punibles penalmente y tienen menos garantías procesales que los adultos. Esta situación presenta grandes diferencias de una provincia a otra, dado que elaboran sus propios regímenes procesales penales con fuertes diferencias en el tratamiento de un mismo delito según el organismo interviniente. La ausencia de una ley marco nacional favorece estas disparidades entre provincias.
Florence Bauer, representante en Argentina de UNICEF, indicó, en la apertura del encuentro, que si bien en Argentina hubo avances, con leyes, en materia de niñez, la Justicia Juvenil aún no tiene legislación y este marco nacional, en el cual se pretende trabajar, debe estar acorde a los estándares internacionales. Para ello, se debe trabajar en un sistema especializado, teniéndose en cuenta el interés superior del niño, tanto para su protección como para los derechos que debe tener. A la vez, remarcó que se debe finalizar con el sistema tutelar porque hay niños institucionalizados, con las consecuencias que ello implica. Para Bauer, resulta primordial garantizar los mismos derechos para todos los chicos, dado que los enfoques cambian de acuerdo con cada provincia. Tales diferencias, advirtió, son importantes y siendo Argentina un país federal, debe consensuar un marco común, con los mismos principios básicos y medidas alternativas al proceso penal y a la detención, dado que resulta inaceptable que se vulnere los derechos de este grupo de chicos. "Es un tema complejo, sin una única solución. Este es un proceso y habrá otros”, adelantó.
Paneles
El panel de Sistema especializado en Justicia Penal Juvenil, el juez de la Cámara Nacional de Casación Pablo Jantus, destacó que este sistema se construye y se vale por los hechos, por lo que se debe respetar a las características de cada jurisdicción al momento de aplicar la ley. A su turno, en el panel de Medidas alternativas al proceso judicial, Alejandro Morlachetti, experto de UNICEF, consideró que se debe trabajar en un sistema de Responsabilidad Penal Juvenil con enfoque en la prevención, es decir las causas del delito, el contacto y el agravante del consumo problemático de ciertas sustancias, como así también en una Política de Estado. De momento, reconoció, solo se da una respuesta punitiva, sin abordar estas causas y, en consecuencia, no hay solución. Para Morlachetti, esta situación surge por el ‘divorcio’ entre el Sistema Protección Integral para Niños, Niñas y Adolescentes y el Régimen Penal Juvenil. "Se legisla para sancionar por homicidios pero se quiere castigar por robos”, advirtió.
También participó en este primer encuentro la presidente de la Asociación Argentina de Magistrados y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Klentak quien dio las pautas sobre Medidas alternativas a la privación de la libertad como regla y no como excepción.
En la segunda jornada, el panel Delitos y "sanciones” especializadas acorde a los estándares internacionales y nacionales en materia de niñez y adolescencia estuvo a cargo de Pablo Barbirotto, juez penal de Niños y Adolescentes de Paraná. El magistrado resaltó que el encarcelamiento debe ser considerado como último recurso, dado que este castigo limita al adolescente que sea tratado como tal. Según Barbirotto, las medidas de coerción no deben ser privativas a la libertad. A su criterio, la libertad debe ser la regla y no la excepción y la privación de esta, el último recurso, por un período mínimo necesario y en casos excepcionales.
Norberto Liwski, presidente del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, en el panel de Discusión sobre la edad de imputabilidad, remarcó que pasaron más de 30 años tratando de superar una ley de la época de la dictadura. "Es mucho tiempo. El reclamo es para no dejarlos atados a las cinchos de la dictadura. El debate debe ser sin pretextos de cumplir un cronograma de temas sino para cumplir con objetivos”, consideró.
A la vez, indicó que se debe dar participación a los chicos y, para ello, se debe cumplir su derecho a ser escuchados y tener en cuenta su opinión, tanto ante el estrado como en las decisiones legislativas. Para Liwski, se debe cumplir con este derecho asociativo, dado que se trata de la voz colectiva de la adolescencia "que enseña mucho más que nuestra experiencia”, alertó. De acuerdo con su experiencia, advirtió que "el Estado no puede mirar para otro lado, debido a que los chicos que están fuera del sistema educativo necesitan de la mano del estado pero no de la mano penal. La sobre edad es la puerta de ingreso a la deserción escolar”.
El médico resaltó en su disertación que una franja de adolescentes no tiene proyecto de vida "ni dentro ni fuera del instituto (centro de encierro). El sistema educativo cada vez está más lejos y el sistema penal, más cerca”.
Por último, Roberto Cipriano García, director del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, señaló que los centros de detención son cárceles para chicos; nombres como ‘instituto’ son solo eufemismos. Al mismo tiempo, aclaró que el encarcelamiento como medida socio-educativa es otra falacia. "Los chicos institucionalizados están en condiciones infrahumanas, sin escolaridad, desvinculados de su familia, al cuidado de personas no especializadas y, a veces, torturados”, aseveró.
Para García, el sistema penal persigue al pobre; advirtió también, el Sistema Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes está desfinanciado y que organismos, como la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, no funcionan o tienen reducido el presupuesto. Según García, el punto de partida para la especialización de la Justicia Penal Juvenil debe ser el fortalecimiento del Sistema de Protección de chicos y chicas. Cuando se desvían los fondos destinados para este fin, se fortalece el financia la política de seguridad (es decir, más policías en las calles).
Conclusiones
Al cierre de este primer encuentro de diálogo federal, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, sostuvo que "el Decreto Ley 22.278 (de Régimen Penal de la Minoridad) mantiene un régimen inquisitivo, que aún hoy posibilita la ausencia de justicia especializada, la ausencia de aplicación (y de contenidos definidos) de medidas alternativas con contenido socioeducativo, en todo el país”. Al mismo tiempo, aseguró que este Ministerio viene trabajando en diversos temas vinculados con la justicia penal juvenil, órganos judiciales de competencia específica, procedimientos adaptados a los adolescentes, instituciones de ejecución especializadas, sanciones y medidas alternativas diferentes del régimen general, principio y garantías sustanciales. El funcionario destacó que a través del Programa Justicia 2020, por medio del cual ya se inició un foro virtual e intercambio con actores del país, en el que ya se recibieron propuestas de proyectos, se tiene previsto en los próximos meses viajes programados para Córdoba, San Luis y Salta a fin de continuar profundizando el diálogo, los aportes y relevando la situación de la justicia penal juvenil.
"El Ministerio de Justicia está también abocado a la sistematización y actualización de estadísticas para conocer la cantidad de niños, niñas y adolescentes que delinquen, diferenciando población etaria, y tipos de delitos cometidos, información fundamental para elaborar un proyecto de ley penal juvenil. Estos diálogos pretenden obtener insumos para abordar el proyecto, pero también, relevar necesidades de las provincias para abordar mejoras, más allá de un futuro proyecto de ley, pues sabemos que más allá de la ley, las prácticas pueden adecuarse progresivamente al paradigma de derechos instalados por la Convención”, concluyó.
Por su parte, Florence Bauer, representante en Argentina de UNICEF, consideró que "mejorar la situación de los chicos es un desafío que requiere de la aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos”. Además, indicó que es necesaria una ley que garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías, en el que se le apliquen como regla medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional, y sólo en casos de extrema necesidad, la restricción de la libertad personal.
En este sentido, reconoció que existe consenso sobre la necesidad de una nueva Justicia Penal Juvenil, con un sistema especial de protección y no de castigo, con operadores especializados, presupuesto, disposición de todo tipo de recursos y medidas alternativas. Bauer advirtió que las condiciones por las que los jóvenes infractores atraviesan son distintas en las diferentes provincias, por lo que se evidencia que los derechos humanos más básicos no siempre son parejos para todos los chicos.
El tema de la baja de la edad de imputabilidad no pasó desapercibido y generó un gran debate, aclaró la referente de UNICEF. "Es importante también el rol de los medios de comunicación y la importancia de la vos del adolescente en el contexto judicial”, comentó.
CUADRO RELACIONADO
Una especialidad necesaria
El juez de Menores de Catamarca, Fabricio Gershani Quesada, recibió una doble invitación, por parte de UNICEF y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para participar en este espacio de debate. El magistrado catamarqueño tuvo una destacada intervención en las mesas de debate, en las que, a puertas cerradas, se discutía sobre los ejes de trabajo. Según Gershani Quesada, hoy en día resulta innegable que es sumamente necesario efectuar una investigación penal especializada en delitos cometidos por jóvenes. Al mismo tiempo, aclaró, se requiere que la defensa penal garantizada por la Constitución sea llevada adelante por especialistas y que todo se desarrolle ante un juez imparcial, por supuesto, también especializado en materia juvenil.
En este sentido, el juez recordó que en mayo de 2012, la Asociación Pensamiento Penal –la comisión ad hoc estuvo integrada por Mario Juliano, Julián Axat, Pablo Barbirotto, Carlos Reggiani, Rodrigo Morabito y el mismo Gershani Quesada, todos referentes en la temática- presentó el informe sobre el Proyecto de Ley Penal Juvenil de Catamarca. Al respecto, puntualizó que "en particular, en cuanto al juez Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, la Convención de los Derechos del Niño demanda un perfil muy especial, y por eso el proceso de reforma y modernización de la justicia juvenil debe incorporar jueces especialistas”.
"No solo se exige especialidad en la etapa investigativa, sino también y sobre todo en la etapa de juzgamiento de las conductas, bajo un sistema que prevé reglas procesales específicas sobre cómo se desarrollará el juicio, ofrecimientos de pruebas, reserva del juicio, reglas sobre trato en el juicio, entre otras”, detalló.
Textos y fotos: Basi Velázquez
