Durante décadas, la sífilis pareció retroceder hacia los márgenes del sistema sanitario, convertida en una patología conocida, prevenible y, en apariencia, bajo control. Los datos oficiales más recientes obligan a revisar esa percepción. En la Argentina, durante 2025 se registró un incremento pronunciado de los casos de sífilis en comparación con el período 2020-2024: el aumento fue del orden del 68 %. Solo el año pasado, más de 45.000 personas contrajeron la enfermedad, con una concentración marcada de diagnósticos en el grupo etario de entre 15 y 39 años.
Las infecciones de transmisión sexual responden a variables conocidas: acceso a métodos de prevención, información de calidad, continuidad de políticas sanitarias y condiciones sociales que favorezcan conductas de cuidado. Cuando esas variables se deterioran, el resultado es, casi inevitablemente, un aumento de la incidencia.
En ese sentido, el retroceso del uso del preservativo ocupa un lugar central en la explicación del fenómeno. La caída no puede analizarse solo como una decisión individual, sino como la consecuencia directa de una retirada del Estado en materia de prevención. Un informe conjunto de la Sociedad Argentina de Bioética y Derechos Humanos y la Federación de Médicos Generalistas aporta un dato contundente: la distribución de insumos de salud sexual y reproductiva, incluidos preservativos, cayó un 64 % entre fines de 2023 y fines de 2024.
La retirada del Estado en materia de prevención alienta el retorno de viejas enfermedades desde los márgenes del sistema sanitario. La retirada del Estado en materia de prevención alienta el retorno de viejas enfermedades desde los márgenes del sistema sanitario.
A esta reducción tangible se suma un vaciamiento del discurso público. Las campañas de concientización sobre el uso del preservativo -clave para prevenir sífilis, VIH y otras ETS- prácticamente han desaparecido.
Otro componente decisivo es la discontinuidad de la Educación Sexual Integral en numerosos establecimientos educativos. Esta retracción, alentada por sectores retrógrados y respaldada por el propio gobierno libertario, tiene consecuencias sanitarias concretas. La ESI es una herramienta pedagógica que brinda conocimientos científicos, promueve el cuidado del cuerpo y favorece decisiones informadas. Limitar su alcance implica privar a niños y adolescentes de información clave en una etapa crítica de su desarrollo.
La provincia de Catamarca refleja esta misma tendencia. Durante el último año se confirmaron 825 casos positivos de sífilis, una cifra que ubica la prevalencia provincial por encima del promedio nacional. Parte de este registro podría explicarse por la implementación de campañas de detección rápida por parte del Ministerio de Salud provincial, que permitieron identificar infecciones previamente no diagnosticadas. Aun así, el número resulta significativo y refuerza la magnitud del problema.
Conviene insistir en un punto que suele perderse en el debate público: la sífilis es una enfermedad curable. El tratamiento con penicilina es eficaz y ampliamente disponible. Sin embargo, cuando no se diagnostica ni se trata a tiempo, puede generar complicaciones graves y, en casos extremos, provocar la muerte.
Frente a este escenario, la conclusión es ineludible. Resulta imprescindible que el Estado recupere un rol activo y sostenido en la promoción de la salud sexual: retomar campañas de concientización, garantizar la distribución gratuita de preservativos y asegurar la plena vigencia de la Educación Sexual Integral.
