Represión. un hombre murió de un infarto como consecuencia de la violencia policial desmadrada.
El desalojo de los mapuches que tenían tomada Villa Mascardi, en Río Negro y los incidentes que provocaron la suspensión del partido entre Boca y Gimnasia y Esgrima, en La Plata, tienen en común algo más que la violencia desenfrenada de las fuerzas de seguridad: expresan la impotencia a la que ha sido reducido el Estado argentino, incapacitado no solo para velar por la seguridad pública y la integridad patrimonial y física de sus habitantes, sino también para suministrar servicios elementales como la educación, o hacer llegar la asistencia a las legiones de excluidos sin la intermediación de las organizaciones sociales.
Ambos episodios traumatizaron los gabinetes de Nación y Provincia de Buenos Aires. Elizabeth Gómez Alcorta, exdefensora del líder mapuche Facundo Jones Huala y la dirigente social Milagro Sala, encontró en el desalojo rionegrino la excusa para renunciar al Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, con fuertes críticas al operativo ordenado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
Denunció “graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres detenidas”.
“Se ha traspuesto un límite”, escribió en su renuncia “indeclinable” y consideró que “los hechos desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niños, con participación de fuerzas federales, me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político”.
El trasfondo de la brutal represión en La Plata, aparte de la sobreventa y falsificación de entradas y la pretensión de meter en la cancha más gente de la que cabe, es una interna policial que colocó al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en el epicentro de la polémica por las responsabilidades políticas, con el gobernador Axel Kicillof y La Cámpora tratando de despegar y denunciando extraoficialmente, cuando no, complots de la derecha desestabilizadora.
Todo está entintado por contradicciones conceptuales e incompetencia en metástasis acelerada y obvia.
“Un Estado fallido es el que no puede garantizar su propio funcionamiento porque ha perdido el monopolio de la fuerza, sufre un vacío de poder, legitimidad disputada o instituciones frágiles y carencia de capacidades y recursos para satisfacer las necesidades esenciales de su población. Corrupción e ineficacia judicial; altos niveles de criminalidad e inseguridad; informalidad laboral, pobreza e indigencia extremas; crisis económica, inflación y desempleo; bajo acceso a la educación superior, gran parte de la población con educación básica incompleta y deficiente; pérdida del control del territorio; incapacidad para suministrar servicios básicos… Los elementos que caracterizan al Estado fallido vienen profundizando su arraigo en la Argentina desde hace años”, consignaba el Mirador Político del 22 de febrero pasado.
La fragmentación del Frente de Todos exacerba un proceso de degradación que no ha podido revertirse desde la crisis de 2001 por el estallido del sistema de Convertibilidad.
El atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se inserta también en la secuencia del Estado fallido.
La investigación judicial no ha podido aún establecer la existencia de instigadores más allá de la estrafalaria “banda de los copitos”.
Desde el punto de vista político, a falta de pruebas sólidas en el expediente, se atribuye tal rol a la proliferación de los “discursos de odio”.
Acaso sea cierto, pero un elemento central de la trama es que el aparato del Estado ni siquiera fue capaz de proteger a la Vicepresidenta, en un foco de concentración intenso de adherentes atractivo como miel para las moscas para cualquier desorbitado, lo cual debería haber facilitado la prevención y no al revés.
Quizás convenga preocuparse menos por identificar y denostar a quienes propalan discursos de odio y tratar de evaluar los motivos por los que fructifican. Capaz que el Estado fallido es uno de los fertilizantes.
