La semana pasada se conoció la noticia de que un ginecólogo de la provincia de Buenos Aires, Diego Javier Clementi, fue denunciado por abuso sexual cometido, presuntamente, contra 16 mujeres, pacientes todas ellas. Aunque llama la atención la cantidad de denuncias contra un solo facultativo, las acusaciones contra médicos de esta especialidad por delitos similares son cada vez más habituales. Nos referimos a las denuncias que son presentadas en sede policial o judicial, no a aquellas divulgadas informalmente, por ejemplo a través de las redes sociales, que pueden tener un impacto social pero ninguna validez legal.
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Violencia basada en el desequilibrio de poder
Que haya más denuncias sobre violencia ginecológica –que incluye acciones o dichos sexistas, humillaciones o violencia física durante los exámenes corporales- no significa que haya más hechos, sino que en los últimos años han dejado de tolerarse o naturalizarse. Y por eso se denuncian. Ya son diez los ginecólogos con imputaciones o procesamientos en la Justicia y hay algunos incluso con condena firme, como el caso de un médico sanjuanino sentenciado a 17 años por ultrajar a 14 mujeres.
Pese a las denuncias, y que ya tiene seis procesamientos, Clementi continúa atendiendo en su consultorio. El problema es que no hay protocolos o procedimientos establecidos con precisión para casos de violencia ginecológica. Sí los hay, tanto a nivel nacional como en otros países, para los casos de violencia obstétrica, que está vinculada a la anterior pero solo cuando la mujer está embarazada.
Para empezar a llenar este vacío, la sede europea de la Federación Internacional de Planificación Familiar presentó el año pasado el informe “Violencia ginecológica y obstétrica: una forma de violencia de género”. “La violencia ginecológica y obstétrica es posible gracias a un desequilibrio de poder entre los médicos y sus pacientes, lo que contribuye a una cultura de violaciones de los derechos humanos”, manifiesta la publicación.
El informe menciona como tipos de violencia ginecológica a la humillación, el abuso verbal, sexista; las observaciones inapropiadas sobre el cuerpo o la vida sexual de la consultante; la falta de respeto a la privacidad y confidencialidad; así como el abuso físico (bofetadas, empujones) y la penetración o contacto vaginal/rectal no consentido para exámenes médicos.
El trabajo de la Federación concluye aludiendo a la formación inicial y continua de las profesiones médicas ligadas a las prácticas ginecológicas: “Siguen centrada en la técnica en detrimento de la relación humana y el respeto al consentimiento”, y señala que “parte de la historia de la medicina ginecológica y obstétrica está marcada por el deseo de controlar los cuerpos de las mujeres”.
La violencia ginecológica, que es uno de los tipos de violencia de género, irá disminuyendo en la medida en que las mujeres tomen conciencia de que todas las prácticas abusivas llevadas a cabo por un médico de la especialidad no deben ser aceptadas, pero además de que deben denunciarse formalmente ante la Justicia.