martes 10 de noviembre de 2026
Falsa abogada, imputada por 14 hechos

Víctimas piden a Fiscalía General que intervenga en una causa por estafas

Acusaron a una fiscal de revocar una orden de arresto emitida por otro fiscal, poniendo en riesgo la investigación.

Seis víctimas de múltiples estafas pidieron ayer la intervención de Fiscalía General, en una causa penal que investiga la fiscal de Instrucción N°1, Yésica Miranda.

Los damnificados, bajo el patrocinio del abogado querellante Arturo Herrera Basualdo, consideraron que la fiscal incurrió en mora judicial e irregularidades en la instrucción de la causa contra Micaela Alejandra Rearte (34), imputada por "14 hechos de estafa en concurso real en calidad de autor".

En diálogo con El Ancasti, Herrera Basualdo remarcó la importancia de que el Ministerio Público Fiscal "mantenga coherencia y unidad de criterio en las causas".

"Por un lado están los delitos que se investigan y por otro, un hecho de inusitada gravedad institucional que pone en evidencia la falta de unidad de criterio de las fiscalías", explicó.

Consideró que Miranda tomó medidas "contrariando lo dispuesto por los fiscales en feria, Jonathan Felsztyna, quien requirió al juez de Control de Garantías el embargo de las cuentas de la sospechosa y, de Alejandro Gober, quien imputó a Rearte y pidió su inmediata detención".

Remarcó que Gober emitió un oficio a la Brigada de Investigaciones para concretar la detención y la "Brigada durante varios días no logró dar con el domicilio de la mujer, hasta que la orden fue revocada por la fiscal Miranda".

"La fiscal ha actuado en incumplimiento de sus funciones conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y unidad de actuación. Ha evidenciado una severa y crítica demora judicial para instruir la causa, permitiendo que esta persona (Rearte) siga en libertad y pueda realizar maniobras para disimular o extraer el dinero que le ha sustraído a los denunciantes", agregó.

Finalmente, hizo hincapié en la "gravedad institucional que debe ser resuelta para evitar que pueda suceder en otras causas".

Por su parte, el abogado defensor de la sospechosa, Marcos Gandini, aseguró que es un "despropósito la imputación y la presunción de que mi defendida no es abogada y ha cometido esos delitos".

"Estoy a favor de las actuaciones realizadas por la fiscal Miranda porque realmente no hay razones para que se ordene la detención", manifestó.

Informó además que la principal razón por la cual la fiscal revocó el pedido de captura emitido por su colega, "fue que ella (Rearte) se presentó espontáneamente ante la Justicia en noviembre".

Este punto fue cuestionado por Herrera Basualdo, quien apuntó que, según el Código Procesal Penal, "esta medida no impedirá la detención si corresponde".

Al ser consultado sobre si Rearte es o no abogada, Gandini informó que desconoce este detalle, "que debe ser investigado en el marco de la causa".

Al cierre de esta edición, otras fuentes judiciales señalaron que la información suministrada por los damnificados a través de la presentación realizada en Fiscalía General, llegó a la Procuración General, desde donde podrían pedir a Miranda, un informe urgente sobre la causa.

Más sobre los 14 hechos

De acuerdo a los dichos de Herrara Basualdo y de los denunciantes, Rearte fingió ser abogada y representante de una concesionaria de autos ubicada en inmediaciones del parque Adán Quiroga.

En este marco, ofreció asesoría legal para reducir costos de cuotas de planes de ahorro que se actualizan con la inflación, ofreció en venta y vendió terrenos en zonas residenciales a precios irrisorios, sin contar con la autorización correspondiente ni la documentación necesaria.

"Hay un caso paradigmático en el que ella manifestaba que tenía la posibilidad de vender automóviles que iban a ser rematados por la empresa Toyota. Con ese ardid le sacó varios miles de pesos y dólares a las víctimas y nunca entregó los autos porque no hacía ese trabajo", dijo el querellante.

Los 14 hechos endilgados a la joven acusada fueron denunciados en ocho presentaciones efectuadas en las fiscalías N°1 y N°5 en diciembre de 2022. Tras la feria judicial las denuncias recayeron en la fiscalía de Miranda.n

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