viernes 23 de febrero de 2024
Reunión en la Legislatura

Víctimas de abuso sexual eclesiástico piden separar la Iglesia del Estado

Plantearon que se derogue el artículo 4 de la Carta Magna catamarqueña. A la vez, remarcaron la estrecha relación histórica entre la Iglesia Católica y el Estado.

En la oficina 302, la Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados, un grupo de legisladores recibió a la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos. En la oportunidad, víctimas, sus familiares y abogados querellantes solicitaron que se derogue el artículo 4 de la Constitución Provincial, “como un primer paso en este camino de libertad para todas las ciudadanas y ciudadanos que significa separar la Iglesia Católica del Estado”.

El hecho marca un procedente. Es la primera vez que una asociación civil realiza este planteo en el ámbito de la Legislatura. La presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Guerrero recibió a los representantes de la Red. A la par, estuvieron la vicepresidente Paola Fedeli y los legisladores Mónica Zalazar, Natalia Ponferrada, Adriana Díaz, Claudia Palladino, Analía Brizuela, Juan Denett, Pablo Castro y Julio Guzmán.

En el documento presentado, los referentes de la Red manifestaron que uno de los objetivos es “la lucha por la separación de la(s) iglesia(s) del Estado”. A la vez, aclararon que “no estamos en contra de la fe de nadie. Al contrario, pensamos que el monopolio de la fe construido por las religiones no contribuye a la libertad de las personas y las instituciones establecidas en cualquier parte del mundo”.

En este sentido, abrieron un hilo sobre los cimientos de este vínculo. “En nuestro país, la íntima y estrecha relación entre la Iglesia Católica y el

Estado viene desde antes de los comienzos de la construcción de la Argentina como país independiente. La conquista y colonización de América estuvo ‘bendecida’ por la Iglesia Católica, quien además estuvo presente en todo el proceso de formación como Nación, reflejada claramente en el Preámbulo y el artículo 2 de la Constitución Nacional promulgada en 1853.

En todas las conquistas de derechos sociales, a lo largo de nuestra historia como Estado, la institución Iglesia Católica se opuso en nombre de una moral que ella intenta imponer a las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. Si bien en nuestra Argentina existe la libertad de culto, la Iglesia Católica tiene una ‘preferencia’ reflejada no solo en la Constitución Nacional y de cada una de las provincias, sino en los beneficios económicos en forma de subsidios que reciben todas las instituciones que dependen de ella, en los sueldos y jubilaciones que reciben los obispos de nuestro país, sin jamás haber hecho los aportes que todas y todos los trabajadores hacemos”, precisaron. También destacaron que la Reforma Constitucional de 1994 eliminó el requisito de ser "católico" para ser presidente y se derogó la obligación de "evangelizar" a los pueblos originarios. Para la Red, este fue un paso a favor de la libertad de las personas que habitan este territorio y consideraron que “debe ser replicado en las constituciones provinciales”.

Otros pedidos

En la oportunidad, también solicitaron que se consideren los abusos eclesiásticos como crímenes de lesa humanidad, lo que implicaría que estos graves delitos serían imprescriptibles. No obstante, se aclaró que este tema es de competencia Federal. “Luego de la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina, se empezó a plantear la necesidad de considerar la violencia sexual padecida en los centros clandestinos de detención como un delito de lesa humanidad y diferenciado de los tormentos. Si pensamos con detenimiento, podemos observar el modus operandi en los casos de abusos eclesiásticos donde hay similares patrones. El perpetrador hace uso de su poder y encierra a la víctima en su terreno eclesial con el propósito de abusarla. Además, así impide su salida de ese contexto, con la cruel amenaza del castigo divino. Todo ello bajo la mirada cómplice y el encubrimiento de su superior jerárquico, en este caso el obispo”, se asentó en el petitorio.

En segundo lugar, se busca establecer una protección real y concreta a las víctimas y sobrevivientes de abusos eclesiásticos en Catamarca mediante la creación de un programa de ayuda económica integral. Según se precisó, este programa podría ser solicitado y activado de inmediato al momento de realizar la denuncia y que se sostenga durante y después del proceso judicial. A tal fin, es importante que “contemple los gastos específicos requeridos para un tratamiento adecuado con los profesionales de la salud mental; la compra de sus medicamentos y su atención integral y el pago de profesionales del Derecho para tener un juicio justo e igualitario en cada causa. Ya que los sacerdotes denunciados se han dado el lujo de cambiar hasta siete veces de abogados y todos ellos pagados bajo esa ‘protección’ expresada en el artículo cuarto, precedentemente mencionado. Y bajo la trascendental invocación que hiciera en su momento el Obispo Luis Urbanc refiriéndose a que sus abogados fueron elegidos por Dios para salvar a sus sacerdotes, como si ellos fueran víctimas de una infamia y agresión pública provocada por nosotros/as.

Respuesta

“Vamos a trabajar en materia legislativa. Una vez que estén tomando forma, serán abordadas con la Red de Sobrevivientes y los abogados que trabajan con sobrevivientes, para avanzar rápidamente en las modificaciones que sean necesarias”, expresó la diputada Guerrero. En este sentido indicó que “hay algunos privilegios que emergen de algunas normas jurídicas que hay que remover también y que protegen de algún modo a algunos miembros del clero".

Con relación a la modificación de algunos artículos de la Constitución Provincial, la legisladora recordó que “nosotros lo venimos planteando hace muchos años”.

Tiempo de cambios

El gobernador Raúl Jalil, a través de Radio Ancasti, se hizo eco ante las denuncias por abuso sexual eclesiástico. “Se están cambiando algunos códigos de procedimiento que creo que van a estar terminados para fin de año”, a fin de brindar herramientas y agilidad a la problemática, adelantó.

Además, consideró que “todos los casos se tienen que investigar, sea de un cura, un policía o un político, lo que sea”.

Con relación a los sacerdotes denunciados, el primer mandatario destacó que “la Justicia viene trabajando bien en estos casos. Creo que es un tema que se tiene que resolver tal vez con un poquito más de celeridad, pero se tienen que resolver en el ámbito del Poder Judicial. Hay que tener algunos cambios en la Justicia. Se están modificando algunos códigos de procedimiento”. Para Jalil, es “muy bueno que la norma acompañe los cambios que la sociedad está necesitando en esta nueva era de la humanidad”.

La sotana, la Biblia y la Ley

En 2014, Renato Rasgido fue el primer cura denunciado en Catamarca, en Andalgalá. En diciembre se realizaría su juicio.

Juan de Dios Gutiérrez fue denunciado en octubre de 2015, en Belén. En abril de 2021, fue condenado por "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser ministro de un culto religioso" a 12 años de prisión.

Moisés Pachado fue denunciado a finales de 2018, por una mujer. Contó que el sacerdote abusó de ella cuando era niña. En 2020, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos declaró que los delitos contra la integridad sexual de niños y niñas no prescriben. Sin embargo, no pudo llegar a debate. Falleció a mediados del año pasado.

Eduardo López Márquez fue denunciado a finales de 2021, por abusos contra un niño, en 2002. Luego, se sumó otra denuncia en su contra. El primer denunciante contó que por entonces también fue abusado por otro sacerdote, quien falleció antes de que realizara la denuncia. Es decir, la lista de curas denunciados por abuso sería de cinco acusados.

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